Por la emisión de sueldos irregulares a los trabajadores con recursos provenientes de un subsidio para la educación, el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) presuntamente generó un daño a la Hacienda Pública Federal por 17 millones 513 mil 277 pesos.
En 2020, la entidad pública educativa realizó pagos a 80 plazas del personal directivo y docentes en montos superiores a los autorizados en la normativa, con fondos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, mejor conocido como Educación Media Superior.
De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presumió un daño a la Hacienda Pública Federal por 11 millones 409 mil 900 pesos. “Se realizaron pagos a 80 plazas del personal directivo y docente de las zonas económicas dos y tres por 11 millones 490 mil 900 pesos, en montos superiores a los autorizados en la normativa que regula el programa por 2 millones 845 mil pesos”, señala el informe del órgano fi scalizador.
Además, el Colegio de Bachilleres del Estado también emitió pagos a trabajadores administrativos y docentes, a pesar de que no cumplían con el grado académico descrito en los perfiles de los puestos autorizados. También se presume un daño a la Hacienda pública federal por 2 millones 223 mil 100 pesos.
“En el ejercicio de los recursos, el Cobay infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, y del Anexo de Ejecución, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 17 millones 513 mil 300 pesos”, evidencia el informe.
Por estas anomalías, la ASF emitió dos recomendaciones y cinco pliegos de observaciones al ente educativo estatal. El año pasado, el Colegio de Bachilleres del Estado recibió 333 millones 41 mil 400 pesos a través los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.
De este monto total, la ASF revisó el gasto aplicado en el 99 por ciento de los recursos, es decir, 336 millones 397 mil pesos. De acuerdo con el dictamen, “al 31 de diciembre de 2020 el Cobay comprometió 336 millones 391 mil 900 pesos y pagó 315 millones 930 mil de pesos.
Y al 31 de marzo de 2021 ejerció 336 millones 391 mil 900 miles pesos que representaron el 100 por ciento de los recursos comprometidos”. “Por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 510 mil pesos, de los cuales se reintegraron 70 mil pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y 440 mil pesos quedaron pendientes por reintegrar a la Tesofe. En lo referente a los rendimientos financieros por 338 mil pesos, 320 mil pesos fueron reintegrados a la Tesofe y 18 mil de pesos quedaron pendientes de reintegrar”, se detalla en el informe.
De acuerdo con el dictamen emitido por el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados federal, el Cobay careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. Además, “el Cobay no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no publicó en sus medios oficiales de difusión los cuatro trimestres del formato Avance Financiero”, se señala.
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jcl