Con un llamado a no dejarlo en “letra muerta”, sino a convertirlo en un activo para la transparencia y la rendición de cuentas, ayer fue presentado el documento “Política Estatal Anticorrupción”, considerado como un instrumento ciudadano sin precedentes “con el que se blinda al estado hacia un futuro más transparente, justo y donde no exista espacio para la impunidad”.
En el evento, el presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Estatal Anticorrupción, Javier Montes de Oca Zentella dijo que para elaborar el documento se consultó de manera directa a la ciudadanía, y se tomó en cuenta la opinión de un consejo consultivo y a los municipios, al tiempo que se documentó de fuentes nacionales e internacionales sobre la corrupción, lo que dio origen a las 60 prioridades y acciones sugeridas.
Destacó que está dirigido al Gobierno y a los propios ciudadanos, con la finalidad de hacer más efectiva la labor de prevención y combate a faltas administrativas y hechos de corrupción, “para que esta vox populi ciudadana quede capturada en un documento que sea la política rectora del Estado de Yucatán y, así, se pueda atender de frente, sin tapujos ni miramientos, la tan ansiada derrota de la corrupción por la legalidad y la integridad”.
Por su parte, el gobernador Mauricio Vila Dosal coincidió en que la elaboración de este documento fue posible gracias a la participación de la ciudadanía, pues se tomó en cuenta sus opiniones para identificar diversas áreas de acción, a través de una consulta pública, así como a la intervención y coordinación de los todos los Poderes del Estado.
Indicó que la presentación de esta Política Anticorrupción representa un paso más que fortalece al estado y lo blinda hacia un futuro más transparente, “ya que la corrupción es uno de los males que mayor daño causa a los Gobiernos y su gente, pues merma a las instituciones públicas, genera desigualdad y margina a quienes ya eran vulnerables, por lo que debe atenderse, con tal de que no sea obstáculo para el desarrollo local”.
“Hoy, se están creando políticas para fortalecer las instituciones y crear las herramientas para evitar la corrupción, y en caso de existir, que se persiga y sancione, para que tampoco haya impunidad; estamos poniendo en marcha una herramienta que será fundamental para el Yucatán que queremos tener hoy, pero también el que queremos tener en los próximos 20 o 30 años”, destacó.
Decisiones conjuntas contra la corrupción
En la Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el Gobernador apuntó que, desde el comienzo de su gestión, hubo el interés en involucrar a todos los actores de la sociedad en la toma de decisiones, lo que dio como resultado que Yucatán sea el único estado de toda la República con un Consejo Consultivo de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto, que por primera vez en la historia, cuenta con mayoría ciudadana; en 2020, lo reconoció el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), por ser una de las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas en todo el país.
Vila Dosal señaló que estas acciones han traído importantes resultados a nivel nacional, como que la entidad ocupó el primer lugar con la menor percepción de corrupción y la mayor confianza en un Gobierno estatal, según datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ocupa el segundo lugar en el Índice General del Avance de Implementación del Presupuesto Basado en Resultado.
“Trabajamos en el fortalecimiento institucional, mediante tres acciones: dándoles la autonomía y relevancia que merecen, mejorando la formación de su capital humano y generando avances en la mejora regulatoria, a través de la incorporación de la tecnología que simplifique procesos, cerrando el camino a prácticas indebidas o posibles actos de corrupción”, añadió el Gobernador.
Vila Dosal recordó que el Congreso del Estado aprobó la iniciativa del Poder Ejecutivo, de elevar a rango de Fiscalía a la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, y se llevó a cabo la mejora institucional hacia los trámites y servicios, para hacerlos más eficientes y accesibles, mediante un convenio con la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y, en palabras de José Ángel Gurría, ex secretario general de este organismo, Yucatán es el primer estado en el país y Latinoamérica en tener una plataforma de este tipo.
“Sabemos que, en combate a la corrupción, nuestra tarea no termina aquí, ya que es indispensable contar con elementos clave, tales como la transparencia y la rendición de cuentas, pues si garantizamos las buenas prácticas, podemos seguir avanzando en la construcción de un Yucatán más justo y próspero que nos permitan ir al siguiente nivel”, aseveró el Gobernador.
Buena calificación
Destacó que, a nivel nacional, Yucatán obtuvo una calificación histórica en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 2021, que elabora ARegional, y obtuvo un puntaje sin precedente en materia de transparencia, en el Programa de Vigilancia 2020 del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.
“Vemos con muy buenos ojos esta nueva Política Estatal Anticorrupción, para seguir previniendo, controlando y disminuyendo los casos de corrupción en el estado, pero si algo hemos aprendido en estos casi tres años de Gobierno, es que en el combate a la corrupción necesitamos tener todos los aliados posibles, desde los tres ámbitos de Gobierno, los tres Poderes organismos autónomos y, por supuesto, todos los ciudadanos”, dijo.
En el evento estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Ávila Heredia; el secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Edwin Manuel Rejón Pacheco; la secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra; la titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado (Secoge), Lizbeth Beatriz Basto Avilés; el auditor Superior de Yucatán, Mario Can Marín; el fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, José Enrique Goff Ailloud; la comisionada Presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, María Gilda Segovia Chab, entre otros.
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JG