El año pasado fue el más violento contra los periodistas en el contexto de la cobertura de las acciones para contener la pandemia por COVID-19, sostuvo el director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado.
De 120 agresiones contra periodistas en todo el país, registradas del 12 de marzo al 16 de mayo de 2020, 52 ocurrieron durante la cobertura de la pandemia, de las cuales 36 fueron cometidas por agentes del estado.
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En Yucatán hubo 3, dos de ellas en cumplimiento de su labor para este medio, en consonancia con el documento “C.O.V.I.D.”, informe especial sobre libertad de expresión e información durante la emergencia sanitaria en México y Centroamérica, que se presentó de manera virtual.
“El 26 de marzo de 2020, en Mérida, Yucatán, personal de la sección 6 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) amenazó y agredió físicamente al reportero David Rico y al fotógrafo Alejandro Ruvalcaba, ambos del periódico POR ESTO!, y al intentar obtener una entrevista con el líder sindical, fueron intimidados y expulsados del edificio. Integrantes del SNTSS no les permitieron subir a su auto y golpearon y empujaron a los periodistas. Al retirarse, uno de los agresores les gritó: ‘¡Les vamos a romper la madre cuando vuelvan a venir!’, se lee.
Impedir que los reporteros y fotógrafos realicen su labor vulnera el derecho de la población a ser informada, señala el informe: “la ausencia de información y de medidas de atención a la ciudadanía repercute en violaciones no sólo al derecho público de informarse, sino en el cumplimiento de las responsabilidades de los sujetos obligados en un contexto como la presente crisis sanitaria”.
Desde la perspectiva del ponente, impedir la comunicación “es un pretexto que ha servido como un arma muy eficaz en diversos niveles del estado para hostigar y estigmatizar al gremio. Cualquier cosa que no les guste a las autoridades, son noticias falsas o desinformación; en contraparte, hay una tendencia a la desinformación de los funcionarios públicos. No tiene sustento lo que dicen. Eso genera una responsabilidad del estado”, ponderó Maldonado.
SY