Un total de 16 policías municipales de Seyé fueron despedidos injustificadamente de la corporación, por pedir un salario justo y prestaciones de ley, informó su abogado, Miguel Humberto Matú Molina.
Ayer, los afectados y su representante legal acudieron a las instalaciones del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios para que a cada uno de los extrabajadores se les dé a modo de liquidación los tres meses de sueldo por ley (alrededor de 15 mil 600 pesos, ya que percibían 5 mil 200 pesos mensuales), pues únicamente querían otorgarles 600 pesos, según informó.
El pasado 23 de febrero, los elementos municipales fueron despedidos. “No contaban con seguro social, ningún tipo de prestación, no se les pagan las horas extra. No existió ningún documento por escrito como lo marca la Ley Federal del Trabajo y la de los Trabajadores del Estado; no recibieron ningún documento que determine que efectivamente ellos estaban siendo despedidos justificadamente. En estos momentos estamos intentando interponer una denuncia, porque tenemos una cita con el representante legal del municipio de Seyé, quien determinará si acepta lo que estamos proponiendo”, comentó el abogado.
Ante esa situación, refirió que casi no hay policías en el municipio. “Aproximadamente los que se quedaron son como cuatro. Seyé se encuentra ahorita en estado de inseguridad; hasta hoy no se han contratado a más elementos, pero con el salario de 5 mil 200 pesos y sin ninguna prestación, va a ser muy difícil que alguien quiera trabajar así”.
El entrevistado aseguró que no interpondrán una denuncia en forma porque los afectados necesitan el dinero. “Los elementos de la policía necesitan el dinero, tienen familia que mantener, que dependen de ellos. Por ende, estamos en la lucha de que se les otorguen esos tres meses de sueldo conforme a derecho”.
Entre las inconformidades al interior de la corporación estuvo la contratación de un nuevo jefe, así como la de un abogado, aun cuando se les negó el incremento salarial que solicitaron desde hace dos años.
Debido a la mala imagen que presuntamente la alcaldesa Lizbeth María Cauich Puch hizo de ellos en la comunidad, los expolicías no pretenden que los reinstalen en sus cargos, aunque confían en que puedan llegar a un acuerdo con la autoridad municipal.
“La mayoría prefiere el dinero porque no saben cómo ya quedó su imagen ante el municipio. La mayoría de los pobladores les dice ‘ratas’, ‘corruptos’, sin tener pruebas sólidas. Obviamente ellos no van a querer regresar porque ya fue manchada su reputación. Dudo mucho que la alcaldesa quiera recontratarlos, porque hemos escuchado que dice que son unos ‘mal agradecidos’. Si se limpia el honor de los trabajadores que diga: ‘disculpen, no fue lo correcto’. Tal vez puedan llegar a un acuerdo”, explicó.
Los elementos despedidos rechazaron pronunciarse al respecto por temor a que sus declaraciones puedan afectarles en el proceso por el cual atraviesan.
SY