Durante el último mes y medio, 38 familias han llegado a la colonia Dzununcán, al Sur de la capital yucateca, con la esperanza de que en un futuro el espacio de tierra que han ocupado sea regularizado por elInstituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY); lo que les brindaría la oportunidad de acceder a servicios básicos como agua y luz.
Rosa Isela Couoh llegó a este asentamiento hace poco menos de un mes, debido a que ya no pudo seguir pagando la renta de una vivienda, luego de haberse quedado sin empleo por la pandemia del COVID-19 y, aunque no se queja del lugar donde vive actualmente, confiesa que ella y sus vecinas tienen demasiadas limitaciones al no contar con agua potable.
“Muchos de los que estamos acá perdimos nuestros trabajos por la pandemia. Nos quedamos sin nada, pero al llegar hemos buscado la forma de sobrevivir porque tenemos hijos y necesidades”, comentó la entrevistada, quien confiesa que actualmente es empleada doméstica, cuyo salario diario es de 250 pesos, pero no le alcanza para nada.
Este asentamiento, donde en total viven 237 familias, de acuerdo con Paulina Espinosa, coordinadora de las donaciones que llega al comedor comunitario del lugar, está dividido en dos y sólo una parte está regularizada por el IVEY. La otra, donde vive Rosa Isela, no, ya que esa zona comenzó a ser poblada durante la pandemia.
Paulina Espinosa confiesa que la mayoría de las familias que viven en ese asentamiento son de escasos recursos, aunado a que hay muchas mamás solteras con hasta siete hijos, así como madres jóvenes de 17 años con dos niños. “Hay alcoholismo, drogadicción, violencia y la poca ayuda que llega es por medio de donaciones. Las autoridades no vienen hasta acá”, dijo.
Agregó que la falta de servicios básicos se debe a que el asentamiento no está registrado ante el catastro, pese a que una parte ya fue regularizada por el IVEY. “La pandemia ha hecho que la inscripción de los terrenos regularizados se atrase, y mientras que no existamos en el registro, las autoridades no pueden dotarnos de luz y agua”, comentó.
Rosa Isela cuenta que, para lavar, a veces deben ir a casas de familiares; cuando no pueden, las vecinas que sí cuentan con agua, gracias a tomas clandestinas, les regalan el líquido y les prestan una batea. “Si necesitamos agua para bañarnos, también debemos pedir prestado, es por eso que estamos buscando que se regularicen los terrenos”, comentó.
Un caso similar es el de Anahí Alonzo Couoh, de 23 años de edad y madre de un niño de dos, quien hace poco más de un mes llegó a vivir a la parte no regularizada del asentamiento. “Rentaba con mi esposo una casa donde pagábamos mil 500 pesos, pero mi marido se accidentó y no tiene seguro, nos endeudamos y tuvimos que venir a este lugar”, detalló.
SY