Personas que habían sido previamente contratadas por una empresa de encuestas de opinión acudieron a laborar después de recibir su capacitación y a varios de ellos les indicaron que ya no iban a requerir sus servicios, por lo que, enojados, exigían sus pagos y que les anulen sus respectivos contratos.
De un total de 28 que fueron reclutados por Internet, solamente aceptaron a 13 y a los demás no les definían su situación, por lo que los inconformes iniciaron discusiones con Carlos Romero Pérez, uno de los representantes de la empresa MEBA que los contrató.
Al subir de tono el pleito verbal y los reclamos, para evitar cualquier agresión y para resguardar el orden, acudió la Policía Municipal, interviniendo para que llegaran a un acuerdo entre ambas partes.
Parte de los afectados, externaron que firmaron un contrato de tres días con un pago diario de 350 pesos, pero que ni siquiera les dieron copia alguna, ni les pagaron la capacitación y que, a raíz de que se suscitó el problema, ya les estaban ofreciendo de nuevo el trabajo, pero no aceptaron por la desconfianza que ya les habían generado.
Los agentes procedieron a ejercer una revisión de rutina al vehículo del citado representante, además de que indagaron la certeza de la existencia de su empresa como parte de los protocolos de seguridad, al tratarse de una persona foránea, quien dijo ser procedente de Chiapas; tras verificar que todo estaba en regla, les puntualizaron la importancia de que llegaran a un arreglo.
Tras varias horas de continuar el diálogo, el problema llegó hasta el Departamento Jurídico del Ayuntamiento, donde acordaron que les pagarían 350 pesos a cada uno de los que no requirieron de sus servicios y que les anularían el contrato.