Durante el 2020 en Yucatán, los presuntos actos de corrupción o desvíos de recursos cometidos por servidores públicos registró un incremento de poco más del 70 por ciento en comparación con el 2019.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), proporcionados al Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se interpusieron 101 denuncias contra servidores públicos, en su gran mayoría por presunto peculado. La cifra es superior a las 58 querellas interpuestas en el 2019. De un año para otro la cifra de denuncias por estos delitos incrementó en 43 lo que representa un 74.1 por ciento superior al registro previo.
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La tasa fue de 4.4 denuncias por cada 100 mil habitantes en 2020, cuando un año antes fue de 2.5 por cada 100 mil ciudadanos. Es decir, en promedio se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público Federal cada 86 horas. En el 2021, de acuerdo con las mismas fuentes, se han interpuesto ocho denuncias contra servidores públicos, es decir, un promedio de 2.6 por mes.
Por el momento, se desconoce el curso legal de las querellas, aunque de acuerdo a la Fiscalía General de la República, a todas las carpetas de investigación se les dio “entrada” y se investigó de acuerdo a como marca la Ley. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha interpuesto en los últimos años 15 denuncias ante la Fiscalía General de la República, 14 contra ayuntamientos yucatecos y una contra el gobierno estatal que encabezó Rolando Zapata Bello.
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En este contexto y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), de los tres estados de la Península de Yucatán, la entidad es la que menos actos de corrupción registra al ocupar la posición 16 entre los 32 estados del país, por su parte Campeche que ocupa el lugar 15 y Quintana Roo, que es el cuarto estado más corrupto de México, según reveló el estudio.
Las entidades que presentaron el mayor problema de corrupción fueron Durango, Ciudad de México y Estado de México, en donde la población tiene el doble de probabilidad de ser víctima de corrupción comparada con Nuevo León, y el triple de probabilidad que, en Colima o Zacatecas, demarcaciones con la menor prevalencia a nivel nacional.
Los trámites donde se registra con mayor frecuencia actos de corrupción son con autoridades de seguridad pública, gestiones relacionadas con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público, con 59.2, 25 y 24.8 por ciento respectivamente. En 2019, el total por actos de corrupción ascendió a 12 mil 770 millones de pesos, lo que representó tres mil 822 pesos promedio que cada persona pagó por algún trámite o servicio a funcionarios públicos en el país.
SY