Por realizar pagos no autorizados, por la falta de documentación justificativa de erogaciones y por realizar remuneraciones excesivas, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) no logró aclarar el gasto de 14 millones 628 mil 389 pesos que ejerció durante el ejercicio del año 2019.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció que la “Máxima Casa de Estudios” de la entidad, está pendiente de aclarar el gasto de más de 14 millones de pesos proveniente de la Hacienda pública federal correspondiente al rubro “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”.
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Estas observaciones fueron reportadas en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 que presentó el órgano fiscalizador del Poder Legislativo federal, en febrero pasado.
En 2019 la Universidad recibió a través de este fondo federal mil 990 millones 391 mil pesos, de los cuales aún no logra justificar el pago de más de 14 millones de pesos.
“Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 14 millones 628 mil 400 pesos que se integran por 10 millones 589 mil 800 pesos por falta de documentación justificativa de las erogaciones y por realizar pagos en conceptos no autorizados en el anexo de ejecución 2019. Y, por tanto, tampoco alineados a los objetivos del programa”, evidencia la ASF.
“Por 4 millones 7 mil 600 pesos por el pago de sueldos que excedieron los tabuladores autorizados para el ejercicio fiscal 2019, y por 31 mil pesos por pagos posteriores al personal que causó baja”, señaló.
Cuando se presume un daño o perjuicio a la Hacienda pública federal, la ASF emite un pliego de observaciones, en el que se detallan las anomalías de carácter económico a las que haya lugar y su costo en dinero.
El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados federal indicó que la Universidad violentó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del anexo de ejecución al convenio marco de colaboración y de los contratos colectivos de trabajo que generaron un probable daño a la Hacienda pública federal.
Ante lo cual, promovió cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.
SY