Granjas porcícolas en Yucatán: Detectan 422 sin estudio de impacto ambiental

A partir de la denuncia de Homún, otras localidades donde hay granjas porcícolas, que están afectando al medio ambiente, se están sumando a la lucha, porque la mayoría de éstas no cuentan con los permisos necesarios, expuso la abogada del Equipo de Derechos Humanos Indignación,  y de “Ka’ant Ts’onot” (Guardianes de Cenotes), Lourdes Medina Carrillo, quien además comentó que un estudio de la organización Greenpeace demostró que de 440 granjas que funcionan en Yucatán solamente 18 contarían con estudios de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

“A partir de la denuncia que hace Homún, otros pueblos o comunidades donde ya están operando granjas porcícolas empiezan a tomar conciencia del daño y documentan, junto con Greenpeace México, la contaminación a sus aguas y deforestación”, expuso.

Añadió que el año pasado, en noviembre, 22 comunidades interpusieron una denuncia regional, ante autoridades ambientales de la Ciudad de México como es Semarnat, Profepa y Conagua, pero hasta el día de hoy esas autoridades no han dado respuesta a las comunidades, por lo que presentarán un amparo, para obligar a las autoridades ambientales del país a dar una respuesta a su denuncia y, evidentemente, actuar en torno a la degradación que están sufriendo.

Dijo la abogada Medina Carrillo que entre las comunidades denunciantes están Chapab, Sudzal, Homún, Kinchil, y otras de Campeche y de Quintana Roo.

“Lo que piden es una revisión de toda la documentación legal de las granjas, porque decía GreenPeace que en Yucatán hay más de 440 granjas y de una base de información pública se pudo conocer que solo 18 contaban con una Manifestación de Impacto Ambiental”, reiteró.

Añadió que lo que piden es una revisión de la legalidad, del cumplimiento de la Ley, de los permisos ambientales, de las licencias, un monitoreo de la contaminación y que cuando se detecte ésta pueda haber una suspensión de actividades, cancelación de permisos y que se analice la producción y el modelo de desarrollo que ya está afectando.

“Pero, a pesar de las denuncias, es una política estatal y federal incrementar la industria porcícola, sin escuchar los daños que ya se están presentando”, señaló.

Explicó que en el caso de Homún, desde el 2018, una juez de distrito decretó una suspensión, en tanto se concluye el juicio que lleva años, se paralicen las actividades y se sacaran los cerdos en su momento.

Esto fue impugnado por las autoridades y por las empresas, ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, en el próximo mes decidirán y se determinará, en caso de ser favorable, que está resolución fue correcta otorgarla y que se mantiene la suspensión, en tanto el juicio, que está en Yucatán, termine, porque le falta alrededor de un año.

“El juicio principal está en el en el Juzgado Segundo de Distrito con el Juez Rogelio Leal Mota y se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas científicas o pruebas periciales, pero todavía le falta algún tiempo para tener una sentencia de fondo o definitiva”, dijo.

Añadió que se espera que, en tanto la corte como el Juez Segundo de Distrito, reconozcan los derechos de la comunidad de Homún, de su libre determinación y añadió que están todas las pruebas científicas y los argumentos, tanto legales como del daño que puede ocasionar esta mega industria en la comunidad.

“Si bien en Yucatán se están ocasionando daños ambientales por esta industria porcícola, la particularidad de Homún, es la zona tan vulnerable, por albergar la zona de recarga del anillo de cenotes y la laguna Yalahau, que son dos sitios internacionalmente conocidos por su importancia para todo el planeta”, comentó.

Antecedentes

Medina Carrillo dijo que la lucha en contra de Productora Alimentaría Porcícola (PAPO) sentaría un precedente en torno a casos ambientales en el país, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el término denominado “principio precautorio”, que obedece a las obligaciones que tiene cualquier autoridad de tomar las medidas necesarias, con la finalidad de evitar un daño ambiental, aunque el riesgo que lo vaya a provocar sea incierto, pero “tienen la obligación”.

“Todo este campo de oportunidades tiene la Corte para decidir con este caso”, indicó la abogada, quien dijo que espera que la SCJN confirme la decisión de que la granja continúe cerrada en tanto que los juicios se siguen tramitando en el Estado. “Pero esto es importante, porque es un precedente que se asentará a favor del caso”, replicó.

Cabe recordar que en 2018 se otorgó una suspensión de las operaciones en la granja de cerdos, litigio que sigue en curso y al que la empresa PAPO impugnó, junto con el entonces presidente municipal de Homún, Enrique Echeverría Chan.

El anillo está desde 2009 en la lista Ramsar de humedales de importancia mundial, un convenio firmado en 1971 por México y de cumplimiento obligatorio para el Estado. En 2013 fue decretado Área Natural Protegida por el Gobierno estatal, lo que significa que está prohibida cualquier actividad “no compatible” con este ecosistema.

La abogada explicó que, en ese momento, al considerar que al no existir las condiciones necesarias para que se pueda emitir una decisión en la Entidad, por los intereses que hay alrededor en el caso, grupo Indignación pidió la intervención de la SCJN, la cual atrajo el caso, para que decida si sigue o no operando la granja porcícola, en lo que termina el litigio, el cual está próxima a darse, por lo que destacó que la SCJN solo atrae casos de trascendencia e importancia a nivel nacional.

Indicó que, con este caso, la SCJN sentará criterios jurídicos, en torno a casos ambientales, que se estén litigando en el país, y en donde estén involucrado los derechos a la salud, el agua, la niñez, el medio ambiente, así como los pueblos originarios, como es el caso de los mayas de Homún.

Medina Carrillo mencionó que, en el peor de los escenarios, la Suprema Corte podría dar un fallo en contra de Homún, lo que implicaría que se vuelva a trabajar la granja, pero “esperamos que no sea así, pero esto lo sabremos en los próximos 15 días.

Sobre un posible revés, indicó que la lucha jurídica continuará, porque así es la decisión de la comunidad de este municipio, “aunque aún no sabemos cuáles serán los recursos legales que se utilizarán”, pero que en su momento se darán a conocer. 

Protestan por trabajo

Los trabajadores de la granja porcícola se manifestaron ante la orden emitida por el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán, concediendo la suspensión definitiva de las operaciones de la granja porcícola Chapab. Esto como parte del juicio de amparo promovido por un grupo de personas encabezadas por Hipólito Cumí, Florentino, Salazar, el profesor Jubilado Esteban Salazar y César Acosta, quienes encabezan la agrupación Kanan.

Por el cierre de operaciones de la granja, más de 90 personas se quedaron sin empleo, por lo que levantaron la voz para señalar las afectaciones que tienen en su economía, por quedarse sin trabajo.

Más de 300 personas, entre trabajadores y pobladores, con mantas y carteles, se dieron cita en el domo municipal, donde señalaron que no están de acuerdo con las acciones del grupo Kanan, porque todo el tiempo están en contra del progreso del pueblo y de los proyectos.

Las pancartas mostraban el enojo hacia los integrantes de este grupo, y con los que señalaban que sólo quieren mantener a sus hijos, entre otras consignas.

“Son más de 90 familias que ya no tendrán ingresos por la medida cautelar emitida, y no solo afectará a los trabajadores de la granja, de igual manera repercutirá en los comercios, carnicerías, loncherías y todos los negocios, pues la granja es la mayor fuerte de ingreso económico en la población”, manifestó Rafael May.

El habitante de esta población enfatizó que no está de acuerdo con que se cierre la granja, porque es capricho de un grupo, que solo buscan sus beneficios, y los perjudicados serán las familias, por lo que pidió unidad con el pueblo, para luchar contra esta suspensión, además, pidió que su petición llegue al gobierno del estado, para que no se permita esta injusticia.

También, Willian Noh agradeció a los pobladores el apoyo que les brindan ante este hecho y señaló su enojo e indignación hacia el profesor Esteban Salazar Loeza, uno de los que realizaron la demanda contra la granja, cuando “él contamina una aguada ubicada por la comisaría de Citicabchén, pues sus reses ahí dejan sus desechos al abastecerse de agua”.

“Esteban Salazar acusa a la granja de contaminar y él lleva años ensuciando una aguada con el estiércol y orín de sus ganados, eso es una gran contaminación pues ya se ve negra y pantanosa, eso no lo señala, pero si ve la paja en el ojo ajeno y no la viga que trae él. Da rabia su actitud, porque el ingreso que obtenemos del trabajo eso nos ha ayudado a pasar esta pandemia” señaló.

En su parte la señora Virginia pidió no bajar la guardia, no dejar que este grupo se salga con la suya, “es una fuente de ingreso que hay que defender en estos tiempos de pandemia”.

El señor Guadalupe defendió a la granja, pues dice que si cumple con las normas sanitarias e invitó a los inconformes a visitarla para verificar y no dejar a las familias a su suerte.

Wilbert Vázquez, en representación de campesinos del pueblo en lengua maya, mencionó que trabajó 14 años en la granja porcícola “San Isidro”, y  nunca se tuvo problema.

Delmar Noh señaló que esta es una primera convocatoria, seguirán en la lucha si es necesario llegaran con su manifestación hasta el Gobierno del Estado, para que su petición sea atendida.

Los manifestantes exigieron que el grupo Kanan Derechos Humanos saque sus manos de este proceso arbitrario, “si realmente cumplen con proteger a la ciudadanía de contaminación que igual demanden a Esteban Salazar, por la contaminación de Polol, que años atrás usaba como lugar de recreación y ahora es un fangal, por los desechos de los animales”.

Albert señaló que “con esto se demuestra que grupo Kanan no cumple su labor de activismo ni defensa de derechos humanos, pues perjudica a 90 familias con su fuente de empleo, para concluir los trabajadores recabaron firmas de apoyo para presentar a las autoridades locales y estatales para buscar una pronta solución a este conflicto.

Cabe recordar, que el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán, concedió la suspensión definitiva en el amparo promovido por habitantes mayas de este pueblo, presentada en contra del Ayuntamiento del mismo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) -así como su Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán- “por no supervisar y sancionar a la granja porcícola ubicada en el municipio”, así lo informó Kanan Derechos Humanos. 

A finales de enero de este año, este juzgado concedió a los habitantes de Chapab la suspensión provisional de actividades de la granja porcícola ubicada en el kilómetro cuatro de la carretera Chapab-Ticul, mientras se verificaba si la empresa cuenta con permisos ambientales.

De acuerdo con la agrupación, dicha granja -perteneciente a la “Unión de Aparceros Chapab” y “Productora Pecuaria de Yucatán”-, cuenta con una producción aproximada de 50 mil cerdos, ante la cual carecían de todos los permisos necesarios de carga y descarga de aguas residuales para su operación. 

Durante la suspensión en el amparo, se demostró que se encontraba afectando al medio ambiente y agua del municipio, ante ellos la Jueza Tercero de Distrito ordenó que paralicen las operaciones de la granja porcícola.

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JG