En Yucatán, la actividad porcícola experimenta un crecimiento exponencial, sin que las políticas públicas, los gobiernos, los programas y legislaciones sean capaces de acotarla; aunque en la realidad es que las leyes se aplican cuando los daños ambientales ya han ocurrido, señaló Teresa Denegre-Vaught, del Consejo Ciudadano por el Agua y de la Asamblea Socioambiental Peninsular.
“Los números indican que la producción local va en aumento desmedido. En 2018 se sacrificaron un millón 875 mil 890 cerdos en la Península de Yucatán, lo que equivale a llenar 21 veces el Estadio Azteca”, expuso.
La ponencia e informe del tema de las granjas porcícolas se llevó a cabo en el Foro Peninsular en Defensa del Agua y la Vida, organizado por el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán y que se transmitió a través de redes sociales.
Ahí, dio cuenta del trabajo in situ que se realizó en las comunidades de Kinchil, Celestún, Uayalceh, además de la revisión de investigaciones sobre el tema. Participaron también Cuauhtémoc Jacobo, Claudia Durán, Mario Arnal y Mario Morales.
Denegre-Vaught expuso que Yucatán es un importante productor de cerdos a nivel nacional e internacional y, en particular, el Grupo Porcícola Mexicano está establecido únicamente en la Península. De su producción, el 20 por ciento se encuentra en esquema de aparcería con ejidatarios en 18 sociedades de tipo rural y 80 por ciento en contrato con grandes empresarios.
En Yucatán, expuso, se encuentra el 14.2 por ciento de las granjas porcícolas identificadas en México y el 89 por ciento de todas las estancias de la Península.
Sin embargo, manifestó que, de acuerdo con datos públicos disponibles, los ranchos porcícolas presentan inconsistencias y omisiones graves, destacando que hay un bajo número de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), existentes para las granjas.
“Muchas de ellas operan fuera de la ley, circunstancia que el gobierno estatal y federal hasta hoy no han combatido”, señaló.
Del registro de bases de datos oficiales, reveló que se registran 257 granjas en la Península de Yucatán, y el 47 por ciento de éstas se establecen en regiones consideradas de alta prioridad para la conservación de especies, de acuerdo con investigaciones de la organización Greenpeace.
Citó como ejemplo la cercanía con los cenotes de los ranchos y la escasa profundidad de las aguas subterráneas, como dos de los principales elementos de mayor vulnerabilidad en el estado.
Asimismo, de este número, solamente 22 tienen una MIA, además de los nulos reportes de emisiones y transferencia de contaminantes, y la inconsistencia del debido trámite y gestión de los permisos de aprovechamiento de agua y descarga. Lo anterior significaría que muchas operan al margen de la ley.
Teresa Denegre-Vaught citó datos de investigaciones que refieren que 50 mil cerdos generan alrededor de 75 toneladas de excremento por día, unas 2 mil 250 toneladas por mes. Además de esto se contempla el gran volumen de agua residuales que se destinan para que los cerdos se bañen una o dos veces por día, así como la gran cantidad de líquido que es usado para el lavado de los chiqueros.
Señaló que las aguas residuales de desechos porcinos contienen elementos químicos que pueden ser utilizados como fertilizantes si se aplican adecuadamente al suelo. Pero si no se hace, impacta negativamente al medio ambiente, generando una alta contaminación.
“La realidad es que los datos recopilados muestran alertas en los niveles de contaminación del agua, que pueden incluir otras fuentes de polución dañinas para la salud de las personas”, expuso.
Agregó que las granjas han conseguido concesiones para extraer grandes cantidades de agua, a razón de media alberca olímpica al día, y usan el vital líquido como como medio de transporte de la materia fecal, en lugar de recoger las heces en seco con pala, con lo cual evitan pagar los sueldos de trabajadores, lo que contamina más el medio ambiente.
En su exposición, la integrante del Consejo Ciudadano declaró que las expectativas de crecimiento de esta industria son una amenaza para el medio ambiente y para las comunidades de la región, pues al duplicarse la producción también se duplica la deforestación, la contaminación del agua, la emisión de gases de efecto invernadero, el ruido y el mal olor que afecta también a la salud.
Mencionó que, además de las afectaciones al medio ambiente, los habitantes mayas sufren de los efectos adversos de la contaminación, lo que impide su derecho a gozar de un ambiente sano. No obstante, aunque hay el atractivo de la generación de empleo, en realidad es limitado el número de mano de obra, debido a la mecanización de los procesos.
También, reportó la existencia de quejas de las personas que tienen sus parcelas cerca de las granjas. En algunos casos los reportes son por la contaminación a sus tierras y por presiones para que abandonen éstas.
En las conclusiones de la exposición, Denegre-Vaught expuso que la actividad porcina en Yucatán experimenta un crecimiento exponencial y sin que los gobiernos ni legislaciones sean capaces de regularla.
Asimismo, señaló que las normas se aplican cuando los daños ambientales ya han ocurrido. Por lo anterior, las políticas públicas se enfocan en la mitigación, en lugar de hacerlo en la prevención, resiliencia y protección de las comunidades y los ecosistemas.
Consideró que hay suficiente evidencia que muestra las consecuencias de un crecimiento desordenado de esta industria, afectando al medio ambiente, por lo que es fundamental que las comunidades sean consultadas y tengan acceso a la información para la toma de decisiones. De esta manera podrán garantizar sus derechos como pueblos indígenas.
Concluyó que es imprescindible priorizar la conservación de la selva/biodiversidad y los derechos de las comunidades respecto al desarrollo económico de las megagranjas.
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GH