Activistas, académicas, feministas y organizaciones de la sociedad civil rechazaron ayer el nombramiento de María Cristina Castillo Espinosa como la nueva Secretaria de las Mujeres en Yucatán.
A través de un comunicado con más de 60 firmas, señalaron que la nueva titular de la dependencia carece del perfil y de la experiencia necesaria para el cargo que implica conocer a fondo la reglamentación gubernamental con perspectiva de género.
En el documento se expone que esta posición al frente de la Secretaría debería ser ocupada, según consta en la propia normativa institucional, por personal altamente calificado para las funciones inherentes al cargo.
“Es decir, una titular que tenga el perfil profesional y experiencia que implica conocer a fondo la reglamentación gubernamental con perspectiva de género. Pero más allá de conocerla, debe estar a cargo una persona con la experiencia que implica el tránsito, acción y compromiso con los diversos espacios de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que la persona a la que se pretende dejar a cargo, no cumple con los requisitos”, se lee en el texto.
Agrega que, frente a los tantos retos en violencia de género en el Estado, incrementada aún más por la pandemia derivada del COVID-19, “cuesta trabajo entender cómo, ante las graves necesidades que se presentan, la respuesta de parte del gobierno estatal, lejos de llenar expectativas, incrementa la posibilidad de no garantizar un estado de derecho para las mujeres”.
“El nombramiento unilateral contra el discurso democrático y participativo, significa también un hecho de discriminación y marginación de la sociedad civil que en diferentes instancias y durante años han acompañado los procesos de defensa de los DDHH de las mujeres”, se expone.
Exhortaron a la reconsideración del nombramiento citado, ya que lejos de coadyuvar al mejoramiento de la situación de derechos de las mujeres en el Estado, señalan, significaría un retroceso inadmisible en la lucha por el avance de las mujeres y el cumplimiento de la ley.
En el documento se lee que la política internacional, nacional y estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres forma parte del proceso que ha impulsado la sociedad civil y el movimiento amplio de mujeres y feministas para visibilizar la agenda de los Derechos Humanos de las mujeres.
Es así que en Yucatán, desde el 2001, se crea el Instituto para la Equidad de Género, para fomentar políticas públicas que promuevan la perspectiva de género, la defensa de los Derechos Humanos, la multiculturalidad y la interseccionalidad.
En los últimos años, agrega, las acciones de política pública hacia las mujeres de Yucatán han sido insuficientes para disminuir las brechas de desigualdad que las afectan.
“Al iniciar este gobierno, aplaudimos la apertura y apoyo para convertir de Instituto a Secretaría de las Mujeres, con lo que esperábamos acciones estructurales que mejoraran las condiciones de vida de las mujeres del Estado respecto a su situación de violencia, especialmente tomando en cuenta las recomendaciones que la Conavim realizó casi al terminar el periodo gubernamental anterior, lo que, como sociedad civil y academia, nos hizo pensar que el gobierno estatal entendía la complejidad de lo que implica abatir los rezagos, cerrar las brechas de género que existen en este Estado y erradicar la violencia de género”.
Sin embargo, apunta que, a tres años de la actual administración, los resultados han sido insatisfactorios, si se toma en cuenta el incremento de mujeres y niñas que no han recibido las acciones de política pública de género establecidos en la ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. “Estas acciones deberían estar encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.
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Expone que, actualmente, se enfrenta una coyuntura que reta a la actual Administración a redirigir de manera responsable y comprometida la situación de violencia contra las mujeres, y de esta manera reencaminar la política pública para cumplir con la agenda de género que establecen las instancias internacionales, nacionales y estatales, dado que a la fecha se ha generado un elevado índice de violencia en todas sus modalidades, pero más que nada el abuso sexual, violación y feminicidios, así como las brechas de desigualdad en todos los ámbitos.
El documento está firmado por académicas e investigadoras como Gina Villagómez Valdés, Ligia Vera Gamboa, Milagros Herrero Buchanan, Bertha Elena Munguía Gil, Nancy Walker Olvera, Rocío Quintal López, Leticia Murúa Beltrán, Adelaida Salas Salazar y Rosa Elena Cruz Pech, entre otras.
Agrupaciones como el Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, Colectivo Sinergia, Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, Red de Género y Medio Ambiente A.C. Feminista del Mayab, Fuerza Violeta, UADY sin Acoso, Resistencia Sorora, y otras más.
aarl