En un hecho inédito en el combate a la corrupción en Yucatán, los 11 regidores del Ayuntamiento de Progreso, de la administración 2015-2018, incluido el exalcalde José Cortés Góngora, fueron vinculados a proceso penal, resultado dictado por la Juez de Control, Yadira Carrillo Polanco, por el delito de cohecho, previsto por el numeral 255 fraccción I y sancionado por el numeral 256 del Código Penal del Estado; se dio un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación, asimismo se ratificaron las medidas cautelares, es decir, que llevarán el proceso en libertad, por lo que tendrán que acudir a firmar, tienen prohibido salir del Estado y del país, sin autorización.
En total fueron cerca de 12 horas en las que, tanto la parte acusadora como la defensa, estuvieron retomando sus carpetas de investigación, aunque el veredicto mencionado fue otorgado alrededor de las 21:58 horas.
También se fijó que el plazo de cierre de investigación complementaria, de cuatro meses, vence el 12 de noviembre 2021.
Los involucrados, aparte de Cortés Góngora, son el ex síndico, Enrique Ordaz Martínez, la anterior Secretaria de la Comuna, María del Carmen Villanueva Ávila, y los ex regidores, Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Alejandro Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec, Arturo Enrique Núñez Castro, Jorge Méndez Basto, Gabriela Flores Chan, Margarita Peniche Linot y Jorge Casanova Simá.
En lo que respecta al proceso, se mencionó que esta es una parte inicial y la conclusión final a este capítulo se daría en menos de un semestre. Sería cuestión de meses el tiempo para saber qué medida final se adoptará en el caso a través de la investigación que persiste bajo el Poder Judicial.
En cuanto a la prisión preventiva, esta medida tendría poca cabida, siendo un pago de fianza, una vía más probable como castigo en caso de que resulten culpables los exfuncionarios. De igual manera, en caso de darse como castigo la prisión preventiva, José Isabel Cortés Góngora posiblemente reciba otra penalización, pues cuenta con 73 años de edad.
Como se sabe, la demanda de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado se derivó de anomalías que surgieron en el ejercicio de la entrega-recepción que se hizo por parte de la actual administración que preside Julián Zacarías Curi.
Una de las anomalías corresponde a la sesión de Cabildo llevada a cabo en la Sala de Presidentes, donde aprobó un contrato con la empresa Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial G.G., S.A. de C.V., por la suma de 98 millones 753 mil 662.69 pesos, monto que la Comuna terminaría pagando en un lapso de una década. Como parte del contrato se estableció el cambio de cinco mil 274 luminarias ahorradoras tipo Led, las cuales tienen un costo de 39 millones 301 mil 111.60 pesos; de esta cifra habría salido un pago para cada edil que consistió en efectivo de 110 mil 000.00 pesos.
En la mira
Asimismo, la Vicefiscalía, tiene bajo investigación otro caso de presunta corrupción contra otro edil de Yucatán.
Se trata del alcalde reelecto de Mérida Renán Barrera Concha quien, de acuerdo a la Vicefiscalía, fue denunciado a principios del mes pasado por un presunto acto de corrupción.
De acuerdo a los informes, el edil fue acusado por la contratación de los servicios de una pista de hielo que se instaló en la explanada de la Central de Abastos en el 2019, y por cuyos servicios se pagó 52 millones de pesos.
La misma pista le costó al gobierno de Quintana Roo, 2.5 millones de pesos, por lo cual, de acuerdo a la acusación hecha por representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hay la presunción de corrupción y afectación al erario público.
El caso está en la etapa de investigación, por lo cual los agentes de la Policía Estatal Investigadora realizan las diligencias correspondientes. Asimismo, la parte denunciante tendrá que aportar las pruebas para sustentar la acusación.
En la Vicefiscalía se explicó que, de acuerdo al proceso de investigación, las partes señaladas tendrán que acudir a declarar sobre las acusaciones y luego de las indagatorias iniciales se determinará si existen los elementos y datos de prueba suficientes para presumir la presunción de un delito de índole penal.
En caso de que esto suceda, la carpeta de investigación se envía sin detenidos a un Juez de Control, esto para el inicio del proceso penal.
Como no es un delito grave, la presentación de los involucrados no se realiza a través de una orden de aprehensión, sino por medio de un citatorio.
Es preciso recordar que las denuncias por presuntos delitos cometidos por servidores públicos de Yucatán no son casos aislados, debido a que, del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021, se habían interpuesto un total de 137 denuncias por presuntos delitos cometidos por servidores públicos en Yucatán.
De estas, las 137 denuncias sólo 118 fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 19 ante la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, en el 2018, la actual administración estatal presentó una denuncia por presunta corrupción contra diversas dependencias del Gobierno anterior por un monto de más de 500 millones de pesos, de la cual informaremos en otra entrega.
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JG