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La Asamblea Ejidal de Chablekal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Yucatán, pactaron una tregua para dejar de emitir señalamientos en contra, previo a la que podría ser la reunión definitiva para la firma de un contrato de ocupación, por las 55 hectáreas que comprenden la zona arqueológica de Dzibilchaltún.
Fuente cercana a la directiva de la asamblea compartió que los representantes locales de dicha dependencia federal, encabezados por el antropólogo Eduardo López Calzada, retomarán la mesa de diálogo con los ejidatarios hoy, a las 10 horas, en donde al parecer se resolverá a favor de los pobladores de la comisaría ubicada al Norte de Mérida.
“Ayer en la noche hubo una reunión y ahora tenemos un compromiso con el delegado, para no dar información al respecto de las negociaciones y ellos se comprometieron a hacer lo mismo de su parte”, compartió la fuente, que prefirió quedar en el anonimato.
Reveló que, debido a la intervención de senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a quienes tampoco quiso identificar, López Calzada recibió “un jalón de orejas”, debido a que el conflicto, que ya lleva más de 10 días, daña la imagen del Instituto y del sitio arqueológico.
Adelantó que el encuentro entre ambas partes se llevará a cabo en las oficinas del INAH en Yucatán, localizadas en la colonia Gonzalo Guerrero, al Norte de la ciudad, de donde se levantará el campamento instalado desde el 2 de julio, y el segundo cuartel que se ubica en la entrada principal de Dzibilchaltún, sólo lo levantarán, en caso de tener un resultado favorable.
Explicó que la demanda seguirá siendo la misma y la directiva de la Asamblea no cederá ante contraofertas que no correspondan a la solicitud del pago por las 55 hectáreas de la zona arqueológica.
Como informamos con anterioridad, después de 62 años en los que el INAH ha administrado el sitio arqueológico ubicado a 17 kilómetros de Mérida, los pobladores de Chablekal luchan por la expropiación y el pago de los terrenos que pertenecían al ejido.
En 2009 inició un proceso legal de expropiación en el Poder Judicial de la Federación (PJF), mismo que fue desestimado porque los ejidatarios no contaban con una asamblea constituida y un presidente electo mediante un procedimiento democrático.
Tras la elección de Manuel Aban Can como comisario ejidal, en 2020 inició el diálogo con el INAH en Yucatán para la creación y firma del contrato de ocupación previa. Sin embargo, ante la lentitud de los trámites por parte de la dependencia federal, los ejidatarios decidieron tomar el sitio arqueológico desde hace más de una semana e instalaron un campamento que ha permanecido a lo largo de estos días.
GH
