La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputó a 11 personas por el delito de cohecho, por hechos ocurridos en 2016; se trata de todos los regidores de la administración 2015-2018 del Cabildo de Progreso, que estuvo encabezado por el alcalde José Isabel Cortés Góngora, quienes habrían recibido, cada uno, 110 mil pesos para beneficiar a una empresa en un contrato de alumbrado público.
José Goff Ailloud, fiscal especializado en el Combate a la Corrupción en Yucatán, expuso que finalmente se logró la imputación luego de un mes y medio de varias audiencias que fueron diferidas por diferentes motivos.
Sin embargo, señaló que el primer paso que se dio es la imputación y el próximo lunes se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la que la jueza que lleva el caso determinará si hay elementos para iniciar el juicio, con los datos de prueba que se tienen.
“Finalmente logramos imputar, luego de varias audiencias diferidas, y en la audiencia próxima la jueza determinará si hay un probable delito para vincularlos a proceso y los imputados aún podrán defenderse y presentar sus alegatos conforme lo que en derecho les convenga”, expuso.
Indicó que se trata de un hecho histórico. pues es la primera vez que se imputa algún delito a todos los integrantes de un Cabildo, en este caso, los 11 regidores del municipio de Progreso de la pasada administración.
De acuerdo con la información del Poder Judicial, en una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Progreso, presidida por la Jueza de Control, Diana Yadira Garrido Colonia, se hizo la imputación por el probable delito de cohecho, por hechos ocurridos en 2016.
En la audiencia, se expone, los fiscales informaron a los detenidos que iniciaron una investigación por su probable participación en esos hechos (imputación) con base en lo siguiente:
“Que derivado del proceso de entrega recepción entre las administraciones municipales saliente (2015-2018) y entrante (2018-2021) se obtuvo información respecto de diversas irregularidades en la celebración de un contrato con una empresa”.
“De dichas revisiones, se estableció que el día 23 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 23:00 horas, en sus entonces funciones como regidores integrantes del Cabildo de Progreso, estas personas se encontraban en la sala de cabildo de dicho municipio y cada uno de los hoy imputados recibió la cantidad de 110,000.00 M.N. en efectivo, para la suscripción de un contrato, sobre la prestación de un servicio ,de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y la citada empresa, misma autorización que hicieron constar con sus respectivas rúbricas en acta oficial de sesión del cabildo”.
Posteriormente, los fiscales especializados en combate a la corrupción solicitaron a la Jueza de Control resolver la situación jurídica de los imputados (auto de vinculación a proceso), pero estos y sus defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, es decir 144 horas, ante lo cual la juzgadora notificó a las partes que la audiencia de vinculación se realizará el próximo 12 de julio del presente, en este mismo Centro de Justicia Oral.
Por último, la Jueza de Control Garrido Colonia impuso a los imputados las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica y el sometimiento y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como la prohibición de salir del estado. Medidas que tendrán vigencia por todo el tiempo que dure el proceso penal.
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GH