Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del Gobierno Federal muestran que las denuncias de violencia familiar en el estado aumentaron en el último año, ya que, para julio de 2020, había 362 querellas ante un ente público, y en el mismo periodo, pero de este año, había 632, es decir, un 57 por ciento más.
La doctora Gina Villagómez, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), indicó que este tipo de violencia es grave en Yucatán y, aunque se ocupa los primeros lugares a nivel nacional, el problema no ha sido atendido adecuadamente por las autoridades estatales, ya que no hay estrategias para disminuir el problema.
Agregó que las autoridades deben atender el problema con la Ley de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, pero no se aplica, porque no se han desarrollado las cuatro estrategias básicas establecidas en dicha ley, que son prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en la gestión pública.
“Las campañas que deberían invadir el estado, son aquellas en las que se les diga a las mujeres cuándo están en situación de riesgo, pero más que nada, para decirle a dónde pueden acudir para que sean atendidas por casos de violencia familiar”, comentó la entrevistada, quien agregó que este tipo de violencia se ejerce más en el interior del estado.
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Añadió que de 106 municipios, sólo en 15 hay Centros de Atención de Violencia Familiar, lo que significa que hay una omisión de responsabilidad por parte de las autoridades. “No se previene la violencia, no se atiende porque no hay suficientes centros en los municipios y tenemos un sistema de justicia ciega en perspectiva de género”.
Villagómez remarcó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuenta con el suficiente personal capacitado para atender casos de violencia familiar, además de que tienen un fuerte rezago en el armado de expedientes y sentencias injustas en perspectiva de género, cuando se trata de proteger los derechos de las mujeres que están en riesgo.
“No existe una coordinación interinstitucional, liderada por el Ejecutivo, para que todas las instancias del gobierno trabajen coordinadamente, estructuralmente para brindar servicios preventivos, de atención y sanción en todo el estado. Existe un número de casos que no son atendidos como se debe”, lamentó.
Enfatizó que durante la pandemia del COVID-19, las autoridades estatales no establecieron un programa preventivo y emergente para atender la violencia, la cual aumentó durante la contingencia y, respecto al número de denuncias, dijo que aumentaron las agresiones dentro de los hogares en el último año.
Respecto a ese aumento, indicó que a nivel mundial está comprobado que en época de pandemias o de guerra, la violencia contra las mujeres se eleva, porque el agresor pasa mayor tiempo con su víctima, lo que probablemente sucedió en Yucatán, porque pese a la reducción de la movilidad, las querellas aumentaron el doble.
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GH