La suspensión provisional del proceso judicial contra cinco de los 11 ex regidores acusados de cohecho, aún está pendiente, ya que el Ayuntamiento de Progreso, todavía no ha puesto a votación del actual Cabildo la propuesta de los exfuncionarios municipales de donar bienes inmuebles a favor de la Comuna con la condición de que se dé por reparado el daño al erario público.
De acuerdo con voceros de la Comuna, este caso no está contemplado en la agenda, sin embargo, ese punto podría ser incluido en alguna sesión de Cabildo de la próxima semana. Por su parte el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, informó que la juez Diana Yadira Garrido Colonia, titular del Juzgado Primero con sede en Progreso, está a la espera de la respuesta de la parte afectada, en este caso de los asesores jurídicos del ayuntamiento de Progreso, encabezado por Carlos Martín Pérez Vidal.
Por lo pronto la solicitud de terminación del proceso judicial está a la espera de la resolución del Cabildo. En caso de aceptar la propuesta de la donación de tres propiedades a favor de la Comuna se impondría ciertas medidas que los acusados tendrían que cumplir durante un determinado tiempo, en caso de cumplirlas se extinguiría la acción penal, en caso contrario se continuaría con el proceso judicial.
Por su parte la Vicefiscalia Especializada en el Combate a la Corrupción, quien fue la encargada de la investigación y acusación ante el Juez de Control, indicó que independientemente de la resolución, la carpeta de integración contra los 11 ex regidores de la administración 2015-2018, está en la etapa de la integración de la carpeta de investigación.
Indicaron que se está en la investigación complementaria esto con la finalidad de reunir la mayor cantidad de pruebas incriminatorias para enjuiciar a las 11 personas puestas a disposición del Juez y con ello conseguir una histórica sentencia condenatoria por el delito de corrupción en su variante de cohecho.
De acuerdo con la información presentada durante la audiencia de imputación y vinculación, realizadas el 8 y 12 de julio pasado y que dio pie al proceso penal por cohecho, el 23 de diciembre del 2016, la empresa Consultoría en negocios y gestión ambiental, repartió 2 millones 100 mil pesos a los 11 regidores que conforman el Cabildo de esa administración.
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A cada uno le dio 110 mil pesos con la finalidad de favorecerlos con el contrato de alumbrado público cuyo valor fue de 39 millones de pesos.
GH