El Alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, que este primero de septiembre inició su tercer periodo en el mismo cargo, actuó al margen de la ley al cancelar el contrato de arrendamiento de luminarias, por lo que ahora tiene que acatar las consecuencias por no haber respetado el marco legal.
Tras el escándalo que se extendió a nivel nacional por la sentencia que emitió el juez de distrito para el embargo de las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Mérida por no haber cumplido con el contrato de la renta de luminarias, la catedrática en Derecho Sonia Juárez Moreno, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), apuntó que Barrera Concha muestra que ha tomado decisiones de manera unilateral, como el típico funcionario que ignora las leyes y cree que puede actuar “a capricho” por tener el poder en la capital de Yucatán.
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Explicó que al declarar inexistente el contrato, pero de manera interna sólo con la aprobación del Cabildo, no tiene validez jurídica; debió acudir con un juez civil para solicitar la nulidad de dicho contrato con la empresa AB&C Leasing.
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“Desafortunadamente cuando llegan estos políticos a puestos de elección popular no están preparados en relación a las facultades que tienen. El Presidente Municipal de Mérida no buscó asesoría porque a veces cuando llegan, los políticos no tienen el conocimiento y desconocen la ley y por eso se atreven a hacer estas cosas y piensan que no pasa nada, pero sí pasa, porque es una relación contractual, aseveró la catedrática de la UNAM, Sonia Juárez.
En entrevista con POR ESTO! la maestra en Derecho explicó que ningún municipio puede dejar de pagar un contrato sólo porque ya no quiere desembolsar dinero, Barrera Concha tenía que haber buscado un elemento de incumplimiento en el arrendamiento para anularlo, “tuvo que haberse asesorado para rescindirlo por otros elementos como cambio en la calidad de las luminarias o por otro desperfecto, pero no por capricho”.
Ningún alcalde puede tomar decisiones al margen de la ley
Tras hacer una revisión jurídica del procedimiento que siguió el Ayuntamiento sobre la renta de las luminarias, la especialista Juárez Moreno apuntó que todo indica que el alcalde Barrera no se asesoró y por ende actuó de manera ilegal sobre todo porque era un contrato de arrendamiento con una promesa de compra-venta, “lo cual hace que el contrato esté más amarrado porque prometen que las van a comprar”.
Consideró que el alcalde tenía que haber contratado un cuerpo colegiado de abogados para recibir una asesoría legal, a fin de buscar la manera de terminar el contrato por la vía legal y acudir ante un tribunal, es decir, un juez civil para que éste determinará si había vicios o elementos en el contrato de arrendamiento, porque el alcalde no puede hacerlo a su voluntad.
“Por eso en el país vivimos en un estado de derecho, es decir no puedo actuar como yo quisiera, existen tribunales que te protegen de la violación a tus derechos, ya sea persona física, moral o entidad federativa o Ayuntamiento, y aunque a veces la justicia no es rápida y ni expedita, funciona y ni un presidente municipal puede actuar por su cuenta”, enfatizó la académica de UNAM.
Ante la falta de pago por parte del municipio, la empresa AB&C Leasing transfirió los derechos de cobro de ese arrendamiento de luminarias a Santander, institución bancaria que antes de asumir este derecho de cobro, analizó y estudió las posibilidades de obtener ganancia, por lo que ante un juez civil aceptó y por ello es que ahora la Comuna está obligada a pagar.
“Si el presidente municipal citó a los regidores y como en una especie de secreto dentro de una casita se pusieron de acuerdo para decir que las luminarias no sirvieron, que no cumplían con ciertos requisitos o buscar cualquier pretexto y cancelar este contrato, no es posible”, reiteró.
Y aunque el Ayuntamiento puede pedir una revisión, el amparo que metió es para ganar tiempo y ver cómo pagan, “pero de que debe pagar, debe pagar y es consecuencia de actuar al margen de la ley y seguramente a capricho”.
Por ello, concluyó que el Alcalde de Mérida no tiene derecho a pedir 30 años cuando ya lleva más de sin pagar, entonces ya tiene que pagar o buscar otra negociación, porque el juez de distrito sentenció que se pague.
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CG