Dos exfuncionarios de Valladolid consiguieron un amparo temporal de la sentencia que se dictó en su contra en septiembre pasado por el desvío de recursos por más de 26 millones de pesos para obras de esa ciudad.
En audiencia efectuada el 9 de septiembre de este año, se les sentenció a tres años de prisión y al pago de 7 millones de pesos, que ahora suman 8.8 millones, entre los dos. Por el momento han librado pisar la cárcel, pero queda pendiente el pago de la multa impuesta.
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Se supo que, en días recientes, el exalcalde Roger Alcocer García y el extesorero Arturo Esquivel Palomo, acusados desde 2015 de desvío de recursos, consiguieron un amparo que detuvo las acciones y el fallo en su contra por un juzgado federal.
Ambos fueron encontrados culpables del delito de desvío de recursos federales por más de 26 millones de pesos que servirían para la Plaza de la Jarana, el Museo del Tren, una biblioteca y la terminación de una unidad deportiva, que se reportó como concluidas, pero no se efectuaron.
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La exalcaldesa Alpha Tavera Escalante, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue quien presentó la denuncia correspondiente, luego se le dio seguimiento en las siguientes administraciones, así que el proceso judicial lleva poco más de siete años sin que haya un veredicto final.
En su oportunidad, se supo que los dos acusados apelaron la sentencia del juez, pero luego de una revisión del caso se ratificó la sentencia. Se les notificó en su momento que la sentencia de los tres años de cárcel y el pago de la multa seguían vigentes.
Sus abogados promovieron un nuevo amparo que aceptaron las autoridades federales, con lo cual quedó sin efecto temporal las dos sentencias que les impusieron en el ámbito penal, así que habrá que esperar unos dos meses para saber qué pasará luego de que se venza el amparo. Con esto, la sentencia de prisión la libran temporalmente, pero falta la sentencia administrativa que fue paralela a la primera que impuso en su momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que dictaminó que deberán devolver poco más de 7 millones.
La ASF les concedió 15 días a los involucrados para que devolvieran el dinero, lo cual no hicieron en su momento, así que el caso se envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) para que inicie los trámites y las diligencias correspondientes para los embargos que en su caso considere.
Sentenciados en septiembre
La desviación de recursos que se les atribuye al exconcejal y su tesorero ocurrió en el periodo 2012-2015 que se desahogó en la última audiencia en septiembre en el Centro Penal Federal en Mérida. En ese entonces, a Roger Alcocer se le dictaminó el pago de 3.1 millones de pesos, lo mismo que al extesorero.
Adicionalmente se le ordenó cubrir impuestos y recargos, lo que hizo que el monto llegara a 5.7 millones, que debieron cubrir en mensualidades a partir del fallo emitido. Días después de esa sentencia penal les llegó una notificación de la sentencia administrativa que aplicó la ASF. El Ayuntamiento también recibió el aviso en su calidad de afectado por los recursos que no fueron aplicados en las cuatro obras mencionadas.
Aunque la querella la promovió la exedil morenista Alpha Tavera Escalante, en las audiencias dijo que no se acordaba. Sin embargo, la ASF hizo una auditoría al municipio; los entonces funcionarios no pudieron acreditar la aplicación de los recursos que se les depositó a una cuenta adicional a las que manejaba la Comuna, presuntamente para la construcción de las obras referidas.
Respecto al proceso administrativo que llevaba la ASF, el Ayuntamiento que presidieron Alpha Tavera y Enrique Ayora Sosa sí tenían conocimiento, pero al terminar su administración se llevaron el expediente y no dejaron nada. Ante esa situación, la actual administración (2021-2024) se dijo sorprendido sobre la notificación que se le hizo, pues no tenía conocimiento de ese proceso administrativo.
Desde que la ASF estuvo al tanto del caso citó en la Ciudad de México a los involucrados, Alcocer García y Esquivel Palomo, para que acreditaran la ejecución de las cuatro obras.
Como no lo hicieron se continuó con el proceso administrativo hasta que se emitió la resolución un día después de la sentencia penal y se les notificó para que pagaran 6.9 millones más accesorios.
El rubro del pago, más los accesorios suman 8.8 por ciento que pagarían adicionalmente sobre la cantidad reclamada por el Banco de México, o sea, deben cubrir los 84 meses de intereses que duró el proceso, que sobrepasa los 20 millones de pesos. Esa cantidad es lo que deben saldar en 15 días.
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CC