Mientras Jorge Enrique Eden Wynter García, juez del Tribunal Colegiado, aún no resuelve si aceptará la inconformidad de Kekén, que anula el amparo de la Esperanza de Sitilpech, para mantener cerrada la mega granja en esa comisaría de Izamal mientras continúa el juicio. Mario Pech, integrante de esa organización, señaló que “en el 2023 iremos todos los pueblos mayas unidos para sacar a Kekén de Yucatán, es el objetivo y no habrá marcha atrás”.
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El activista afirmó que ya se ha pactado una unión de fuerzas de los pobladores de más de 50 municipios de Yucatán, que están afectados por la más de 500 granjas de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén) en el Estado, y existe el consenso de sacar para siempre a esa empresa de la entidad.
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En tal sentido, apuntó que el próximo año podrían aumentar el número pueblos que interpongan sus demandas judiciales en contra de Kekén por la contaminación de sus aguas y suelos. Como informamos, la Esperanza de Sitilpech y los Guardianes de los Cenotes de Homún han presentado sendas denuncias contra Kekén por la contaminación de sus aguas y suelos en la producción de porcinos, que se encuentran en juicio.
Respecto a Sitilpech, el juez Eden Wynter García debe dar a conocer en estos días la resolución de si acepta una inconformidad de Kekén, que pide reabrir su megagranja mientras se lleva a cabo el juicio. La resolución la debió a dar a conocer el viernes pasado, pero hasta el momento aún no emite su resolutivo.
Independientemente de si el juez le permite a la empresa porcícola reabrir su granja, Mario Pech recalcó que “los pueblos mayas ya están resueltos, y no hay interés en negociar con Kekén, ni con ninguna autoridad; somos los pueblos mayas los que elegimos y no hay cabida para ningún intento más de imposición”, recalcó.
Cuestionado sobre su opinión respecto a las autoridades y su actuación al respecto, afirmó que por parte del Gobierno federal hay una respuesta alentadora, ya que “al menos se ha prohibido que pueda abrirse alguna granja más en Yucatán”, y lamentó que el juez aún no tome una decisión acorde con la decisión federal.
“Es la misma historia de siempre y es por lo que ya no daremos concesiones, no tenemos tiempo y tampoco estamos llamando a movimientos que sean ajenos a la legalidad, porque creemos que por la vía pacífica puede resolverse el tema, y no solo se trata de Sitilpech, sino de muchos pueblos y comunidades en Yucatán. Por eso solo podemos avanzar juntos y organizados”, precisó.
Ya se han realizado reuniones entre organizaciones y ejidatarios para combatir la contaminación que generan las granjas porcícolas y hasta el momento se han sumado a la Esperanza de Sitilpech y los Guardianes de los Cenotes de Homún, organizaciones como Greenpeace, el Consejo Ciudadano por la Defensa del Agua en Yucatán, Indignación y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, que lucha contra Monsanto por la siembra de soya transgénica.
Además, han tenido reuniones con habitantes de Kinchil, Chocholá, Panabá y Uayalceh, comisaría de Abalá, que están analizando la manera de interponer una denuncia para sacar las granjas de sus territorios y que han llegado a sus espacios por medio de contratos leoninos.
Reiteró que creen que es posible contar con decisiones correctas de todos los órdenes de Gobierno, pero aclaró que serán los pueblos afectados y sus habitantes quienes marquen las pautas para solucionar el tema.
Se refirió a Kekén como un problema más allá de un pleito con el sector empresarial, y aclaró que no están en contra del desarrollo y la creación de empleos, pero sí requieren que quienes lleguen a sus comunidades respeten la ley y no contaminen el medio ambiente.
“Es por eso el problema; si Kekén además de incumplir las normas, pretende engañarnos y además responsabilizarnos por sus errores y agresiones a nuestros pueblos y a nuestros derechos, no podemos permitirnos dar un paso atrás; que vengan las empresas que lo deseen, siempre y cuando cumplan con la ley, y si no que ni lo intenten; la empresa no tiene cabida en nuestras comunidades y lo queremos fuera de Yucatán”, finalizó.
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AA