La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aceptó una denuncia de los ejidatarios de Dzemul por daño ambiental y le impondrá una multa al empresario Rodrigo Rosas Cantillo por la deforestación de las hectáreas que presume haber comprado a la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Mientras tanto, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria continúan sus estudios para determinar la ilegalidad de dicha venta.
El comisario Roberto Vera Catzim señaló que recibieron un oficio por parte de la Profepa en el que le informan que fue aceptada la demanda de los ejidatarios por los daños al medio ambiente causados por el empresario, debido a que no contaba con el documento de uso de suelo ni de impacto ambiental.
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Explicó que ya se presentaron a Dzemul inspectores de la Profepa, quienes realizaron una medición del terreno afectado, que fue de dos hectáreas, así como constataron los daños causados, ya que se tumbaron especies endémicas y en peligro de extinción, como el huayacán; además de que se tapó un cenote.
Como informó POR ESTO!, a mediados de octubre, los ejidatarios de Dzemul defendieron la invasión de 800 hectáreas por parte de Rosas Cantillo, quien alegó que los terrenos eran suyos y se los había vendido la exgobernadora.
Vera Catzim insistió en que esas 800 hectáreas que presume haber comprado el empresario se encuentran dentro de los terrenos ejidales, los cuales les pertenecen desde 1929, fecha desde la cual no se ha realizado ninguna venta.
En ese sentido, comentó que ya le entregaron la documentación completa de las escrituras y planos de los terrenos tanto al Registro Agrario Nacional como a la Procuraduría Agraria.
Incluso, apuntó que en la última audiencia que se realizó en la Procuraduría Agraria para que el empresario Rosas Cantillo aclarara la compraventa, este no se presentó, por lo que esperan que en breve las instancias den su resolutivo.
En caso de que den el fallo a favor de los ejidatarios, Vera Catzim recalcó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les infirmó que Rosas Cantillo y quien le vendió los terrenos estarían cometiendo cuatro delitos en contra de los afectados: fraude por venta de un terreno que no es de su propiedad; delimitación de tierras que no le corresponden; el despojo y daños de tipo ambiental al deforestar sin licencia de impacto ambiental y dañar un cenote.
Estos dos últimos, independientemente de la multa que les imponga la Profepa.
Cabe recordar que el proceso se agilizó luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometiera a atender el caso de los ejidatarios de Dzemul, en la mañanera realizada en Mérida el pasado 11 de noviembre. Dos días después, el subsecretario de Planeación Política Ambiental de la Semarnat, Iván Rico López, acudió a Dzemul para entrevistarse con los ejidatarios y le ha dado seguimiento puntual al caso.
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AA