El municipio de Kinchil no sólo ha enfrentado malas prácticas de Kekén, que a través de un contrato leonino se estableció en el lugar, sino que ahora Crío busca establecerse en un terreno privado en disputa, que le fue vendido a módico precio.
Se trata de mil 228 hectáreas de la hacienda Santa Cruz Habin y Xanilá, de las cuales en su momento se apropió Lázaro Franco Méndez, quien dijo ser descendiente de una “heredera” de la propiedad y que contó con el apoyo de las autoridades municipales y estatales para apoderarse del lugar.
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Juan Bautista Méndez y Várguez sacó de nuevo a la luz un caso con más de 30 años, ahora que presentó documentos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El denunciante indicó que Lázaro Franco Méndez se hizo de terrenos de su familia, que tenían a Lorenzo Méndez Larrache, su tío, como legítimo heredero.
Para eso se valió de un documento en el que se aseguró que es hijo de la “señora” Tránsito Méndez Larrache. Sin embargo, nunca hubo una María Tránsito y, de acuerdo con un certificado bautismal de Kinchil, Tránsito fue registrado como varón.
“Los ciudadanos Atanacio Méndez e Yrinea Larrache procrearon tres hijos: Lorenzo, Tránsito y Eleuterio Méndez Larrache, todos masculinos”, precisó el escrito presentado ayer.
“Lo anteriormente manifestado se acreditó con los certificados de bautismo, mismo que expidió el director del Archivo General del Arzobispado de la Arquidiócesis de Yucatán, pues no se encontraron con las actas de nacimiento en el Registro Civil”, se explicó.
Con el paso del tiempo, lo que busca Méndez y Várguez es justicia, pues el terreno en cuestión se vendió en menos de 300 mil pesos y actualmente se está acondicionando para que se instale ahí una empresa avícola, reveló el afectado.
“Hoy la Santa Cruz Habin y Xanilá se encuentra destruida y en pleno abandono, aunado a que una empresa se encuentra dentro sin título legal alguno, fomentando granjas avícolas que también afectan a Kinchil, así como a los múltiples mantos freáticos que se ubican en el municipio”, expuso.
Irregularidades e impunidad
Juan Méndez y Várguez indicó que, durante el proceso para hacerse de la propiedad, Lorenzo Franco Méndez nunca presentó un documento que avale a “su mamá” María Tránsito.
Asimismo, no fue llamado a juicio Eleuterio Méndez Larrache, abuelo de Méndez y Várguez, quien aparecía entre los herederos del matrimonio Méndez Larrache.
Con la complicidad de las autoridades de aquel tiempo, Lázaro Franco Méndez fue reconocido como heredero y, a su vez, éste realizó una cesión de derechos hereditarios a título oneroso a favor de José Víctor Denis Chacón, datado el 5 de abril de 1975.
Por esta razón Juan Méndez se ha dado a la tarea de solicitar documentación para comprobar dicho fraude procesal. “Sin embargo, las autoridades han puesto todo tipo de excusas para no tomar en consideración el presente caso”, expuso
“Considero que el multicitado predio no es propiedad de Jorge Renán Dorantes Gamboa, sino que, en forma legaloide fue inscrito en escritura pública número 370 con fecha 30 de junio del 2014, otorgada ante la fe del abogado José Enrique Gutiérrez López, titular de la Notaria Pública No. 87 de Progreso…”, apuntó.
“Dicen los magistrados que no tengo legitimidad jurídica para demandar y justificar esta demanda”, indicó Méndez y Várguez, quien detalló que se han realizado diligencias ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la dirección de Registro Civil, el Archivo General de la Arquidiócesis y el Archivo General del Estado.
“El compendio de esta investigación está aquí y ya se lo hicimos saber a todas las autoridades. Tienen conocimiento de esto el Gobernador del Estado y el Presidente de la República”, aseguró tras mostrar sellos de recibido de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Junto con este caso, de igual manera se encuentra el despojo de 5 mil hectáreas de Kinchil con el argumento de que se trataban de Tetiz, que luego fueron vendidas también a empresarios, compartió el excomisario ejidal José Fausto May Pisté.
“Hemos defendido ese patrimonio natural desde 1994, pero los grandes intereses industriales han dividido al pueblo de Kinchil, entre los que quieren entregar ese patrimonio al desarrollo industrial, en este caso porcícola y avícola, y también al sector inmobiliario, que son altamente contaminantes”, sostuvo, por su parte Jesús Solís Alpuche.
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JG