El grupo “Indignación, A.C.”, que ha abanderado diversas causas sociales, entre ellas la lucha contra el proyecto de Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO) en Homún, confirmó que ha sido parte de las estadísticas que revelan que en Yucatán han ocurrido amenazas e intimidaciones en contra de ambientalistas.
Como informamos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó en el informe “sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales” que Yucatán ocupa el primer lugar en agresiones a defensores de la naturaleza, con 10 casos durante 2021. Le sigue el Estado de Quintana Roo, con cinco, y finamente Campeche, con dos casos de acoso contra este tipo de personas.
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Gabriela Carreón Lee, una de las autoras del informe, advirtió que durante el año que concluyó detectaron eventos de violencia vinculados a los proyectos “de granjas porcícolas en Homún”. Y precisamente la más reciente intimidación ocurrió a principios del mes, cuando una de las integrantes de Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) y habitante del pueblo de Homún, recibió una llamada telefónica avisándole que, “si continúa con su lucha, personas desconocidas atentarían contra su vida y la de su familia”. Sin embargo, este no es el primer caso de violencia que enfrentan los activistas en defensa del agua y el territorio.
En entrevista para POR ESTO!, la abogada de “Indignación, A.C.”, Lourdes Medina Carrillo, comentó que a lo largo de estos seis años de lucha territorial contra el proyecto de Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), filial de Kekén, han ocurrido una serie de vulneraciones a los derechos de los pueblos, no sólo en daños al medio ambiente y la salud, sino también a su integridad física por medio de la violencia y el uso de la fuerza pública.
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En un recuento explicado por Medina, destacó que, desde el comienzo de este camino, los primeros actos de agresiones contra los pobladores se suscitaron a través de los medios de comunicación, específicamente en una televisora local que tiene presuntas relaciones con Kekén, que, a su vez, “desvirtuó” las denuncias de los habitantes de Homún.
“Comenzaron a señalar a la comitiva, difamándolos con cuestiones personales y burlándose de ellos, inventando que habían ido con la empresa pidiendo millones de pesos y, como no se las dio, fue que empezaron la lucha, lo que es una total mentira, incluso algunos de los pobladores encararon al representante legal pidiendo pruebas, las cuales nunca existieron”, señaló Medina Carrillo.
Posteriormente, en el 2018, uno de los líderes comenzó a recibir amenazas y extorsiones a través de notas enviadas a su domicilio y parador turístico, donde aseguraron que atentarían contra la vida de su familia y nietos. “Estos hechos fueron denunciados ante la fiscalía de Izamal, pero hasta ahí quedó el tema”, agregando que las autoridades no dieron continuidad a la demanda.
Uno de los eventos que provocó una mayor movilización de los pobladores fue durante la clausura simbólica de la granja por parte la comunidad de Homún, sin embargo, en esa ocasión, elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron de manera ilegal los paradores turísticos de los integrantes de Kanan Ts’ono’ot, provocando que la gente acudiera a estos sitios para exigir alguna aclaración a la autoridad federal.
“La gente molesta los alcanza para que quitaran los sellos; al retirarse del lugar, a las afueras de una brecha en el camino, al menos 300 elementos de la policía estatal los esperaban; afortunadamente no pasó nada de gravedad… Estos actos demostraron las amenazas de la empresa, que dijeron que con una sola llamada mandarían a clausurar los cenotes”, manifestó.
Más adelante, cuando se otorgó la suspensión de la granja luego de la demanda interpuesta por niñas y niños mayas de Homún, las representantes legales acudieron al juzgado, donde uno de los medios de comunicación publicó una fotografía exponiendo la identidad de una de ellas, lo que daría pie a una serie de hostigamientos.
“En ese entonces había un grupo de choque contratado para altercar a los defensores, y una de las señoras contratadas coincide con una de las activistas y la agrede, la persigue y le avienta algunas piedras, estando la compañera con sus hijas”, comentó.
Fue hasta mayo del 2021 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la situación de la demanda del pueblo de Homún, por lo que la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) clausuró los cenotes, específicamente de los dirigentes de los comités de Kanan Ts’ono’ot, sin presentar algún proceso administrativo.
“Existe un trámite conforme a la ley para que se realicen estas clausuras, sin embargo, llegan y colocan los sellos sin presentar todo el proceso de documentación, y habiendo más de 20 paraderos únicamente cierran a los de los líderes”, lamentó.
Finalmente, la última agresión registrada fue la ocurrida el día miércoles 6 de abril pasado, con una llamada, tras las amenazas dirigidas a una de los defensores de los cenotes, quien aún no ha precisado si procederá a denunciar, lo cual, para “Indignación, A.C.” debe respetarse debido a la gravedad de los hechos.
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CC