Alrededor de 50 ejidatarios se manifestaron pacíficamente ayer a las puertas de la Procuraduría Agraria, donde representantes de cinco ejidos, Cacalchén, Conkal, Ucú, Yaxkukul y San Antonio Chun, se reunieron junto con el representante del Frente Campesino, Pedro Quijano, y el licenciado William Be, para exigir sus derechos y pedir la devolución de las tierras de las cuales han sido despojados por empresarios de la industria inmobiliaria.
En la delegación, tres representantes de cada ejido participaron en una llamada mesa de trabajo, además de solicitar el cumplimiento de la ley por las autoridades agrarias.
Después de siete horas de diálogo, el frente campesino y Milton Gálvez, asesor jurídico de la Procuraduría Agraria Estatal, los defensores de la tierra salieron cansados, pero no con las manos vacías, ya que, al parecer, la dependencia les prometió un seguimiento a todas los problemas de los ejidos y las comunidades, ya que después de años de estar luchando por un bien común, como es la protección de la herencia que les brindaron sus antepasados como son sus ejidos, señalan tener un rayo de esperanza al final del camino.
“Expusimos los problemas del ejido, entre ellos la falta de pago sobre el proyecto del Tren Maya que el mismo comisario ejidal de Cacalchén se apropió, donde pedimos la intervención de la Procuraduría Agraria para aclarar el pago de avalúos de los terrenos, donde nos dijeron que nos van a dar una pronta solución al acudir al municipio, otra de las problemáticas que se tocaron fue la situación que está pasando en Ucú, donde a todos nos provoca extrañeza que siga yendo David Ambrosio, exfuncionario de la Procuraduría, diciendo que va de parte de la dependencia, donde las mismas autoridades nos dijeron que reconocen que este individuo desde hace aproximadamente dos años no está en la nómina y fuera de funciones”, detalló Pedro Quijano, representante del Frente Campesino.
Sin embargo, el tema predominante en la mesa de trabajo y por el cual se manifestarán el próximo primero de mayo a las puertas del Ayuntamiento es el despojo de tierras a los ejidatarios, donde muchas han caído en manos de empresarios que son denominados “mafia agraria”, que ocupan no sólo los terrenos para lotes de inversión y para proyectos inmobiliarios, sino para revender a mil veces el precio que les pagaron a los campesinos, esto con una pseudo compra o contrato de usufructo.
“El despojo de una manera escandalosa no se va a volver a permitir, ya que la primera autoridad, que es el Gobierno, debería mantener una postura defensora de los más pobres que son los campesinos y no una pasiva ante los agravios de estos delincuentes, por lo que también pedimos a las autoridades ver de dónde sale todo ese dinero que manejan los empresarios, que son millones de pesos, para comprar tierras a diestra y siniestra”, finalizó.
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JG