Con la exigencia de no permanecer indiferentes ante la alarmante cifra de mujeres agredidas en Yucatán, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma para elevar las sanciones a quienes ejerzan violencia familiar y cometan feminicidio cuando la víctima esté embarazada.
Desde la tribuna del Pleno, la diputada priista Karla Franco Blanco abundó que la iniciativa aprobada por todos los diputados asistentes a la sesión propone aumentar la pena para el delito de violencia familiar, pasando de una mínima de 2 a 3 años y de una máxima de 7 a 8 años. De igual manera se incluye como agravante que si este delito se comete cuando la mujer curse un embarazo o hasta los seis meses posteriores al parto, la pena se pueda incrementar hasta en dos terceras partes más de la pena máxima.
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La iniciativa fue presentada por la fracción parlamentaria del PRI, pero suscrita por otros diputados de las diversas fuerzas políticas representadas que se adhirieron a la propuesta, por lo que la diputada Franco Blanco, quien habló a favor de esta iniciativa, recordó que la violencia contra la mujer inicia casi siempre desde el noviazgo y continúa hasta el matrimonio, incluso después de terminada la relación, por lo que es necesario generar medidas normativas que no sólo disuadan la comisión de delitos contra las mujeres, sino que, además, las consecuencias de cometerlos tengan una sanción ejemplar.
Karla Franco precisó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las embarazadas tienen un elevado riesgo de ser víctimas de feminicidio por parte de sus parejas. Además, el 50% de éstas fueron agredidas por primera vez precisamente durante su embarazo.
El dictamen aprobado de igual forma contempla que cuando la víctima sobreviva, pero no así su bebé o éste resulte con afectaciones derivadas de un parto prematuro consecuencia de la agresión, se imponga al imputado la sanción por tentativa de feminicidio. Con esto, el agresor podrá ser castigado hasta con 30 años de prisión.
En sesión plenaria los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron también por unanimidad el proyecto de dictamen que contiene la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar la Ley de Procedimientos Electorales, en materia de destino de recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por sujetos del régimen sancionador electoral.
Al respecto, la diputada Karla Salazar González explicó que esto deriva de una homologación federal en donde se vislumbró la necesidad de fortalecer la educación, ciencia y tecnología, viéndose un área de oportunidad en los recursos que tendrían a bien obtenerse mediante sanciones impuestas a los partidos políticos por irregularidades cometidas bajo el régimen sancionador electoral.
En su turno, el diputado Crescencio Gutiérrez González expresó que esta iniciativa abona en la búsqueda de la excelencia superior en Yucatán, señaló que será vigilante de que los recursos se destinen correctamente, así como su aplicación.
Al continuar la sesión se aprobó por mayoría, con el voto en contra los diputados de Morena, el acuerdo de la comisión de Justicia y Seguridad Pública en donde se estima procedente el otorgamiento del haber por retiro vitalicio a la doctora Adda Cámara Vallejos.
El presidente de la citada comisión, Gaspar Quintal Parra, aclaró que como Poder Legislativo no se está autorizando -porque no se tiene la facultad-, para otorgar haberes de retiro como se tenía anteriormente, siendo ahora el Poder Judicial quien sí lo otorga. “Emitimos una respuesta en función del derecho de petición del ciudadano y la virtud a un asunto turnado a la presidencia de la comisión, en donde se emitió el punto de acuerdo que fue notificarle a la solicitante y otros dos poderes la opinión del análisis, estamos procediendo conforme a derecho y el presente punto de acuerdo tiene todos los principios de legalidad”, aseveró.
En asuntos generales, la diputada Karem Achach Ramírez, del PAN, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal en materia de feminicidio en grado de tentativa, para que se sancione con prisión y que este tipo de violencia no se pueda clasificar como otra si existe por lo menos una de las razones de género establecidas para los casos de feminicidio.
La diputada Manuela Cocom Bolio, de Acción Nacional, llamó a la Federación para que se envíen los recursos correspondientes a los refugios para mujeres, se siga apoyando a las mismas y a sus familias, que son o han sido víctimas de violencia en todo el Estado. Rafael Echazarreta Torres, legislador morenista, argumentó que hay presupuesto etiquetado para eso, pero que además el Gobierno del Estado puede apoyar con recursos provenientes de CULTUR, de las unidades instaladas en las zonas arqueológicas.
Dafne López Osorio, diputada del PAN, entregó otra iniciativa relativa al lenguaje incluyente y no sexista para nombrar a hombres y mujeres en el quehacer público, modificando la Constitución Política y la Ley de Gobierno del Poder Legislativo.
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JG