Tras acusar al director del IVEY, Carlos Viñas Heredia, de esconderse en sus oficinas para no dar la cara para resolver el problema del “robo” de 18 hectáreas del ejido Cinco Colonias, los campesinos preparan sendas denuncias contra las autoridades del gobierno estatal y municipal por este hecho que consideran totalmente injusto.
De acuerdo con el presidente del comisariado ejidal, Juan de Dios Mena Crespo, la manifestación que realizaron el jueves en el IVEY cayó en saco roto, porque sólo la secretaria del Director General “salió a decirnos que el funcionario no se encontraba en sus oficinas… Prácticamente se había escondido”.
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Por eso, el asesor jurídico está preparando las demandas contra el IVEY, contra el Gobierno del Estado y contra el Ayuntamiento de Mérida por lo que consideran como el “robo” de las 18 hectáreas que recibió el ejido en permuta por parte de la empresa TAMSA, hace ya muchos años.
No obstante, el IVEY intentó desligarse del problema. Por medio de un comunicado señaló que el desahogo de un juicio de Interdicto de Apeo y Deslinde llevado al cabo ante el juzgado segundo civil por este tema, hubo una expropiación por parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), quien luego se la transfirió a la entonces Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY), “por lo tanto no es de competencia actual”.
“El IVEY no se apropió de los terrenos, sino que se le otorgaron por expropiación”, sostuvo.
Por eso la dependencia asegura que la solución sería por la vía legal. “En todas las ocasiones que los ejidatarios de Cinco Colonias de Mérida han acudido a las instalaciones, el personal de dirección jurídica les ha explicado que el siguiente paso para solucionar el conflicto de sus tierras es por la vía legal”, expone el escrito.
“El IVEY es respetuoso de las decisiones que dicten las autoridades jurídicas al respecto y sensibles ante la situación de los habitantes del Estado. Está abierto a la comunicación y a respetar en todo momento sus derechos civiles, por lo que siempre se les ha recibido y entablado el diálogo para esclarecer sus dudas y orientarlos en los trámites que deben realizar para solucionar su caso”, se agregó.
Añeja historia
De acuerdo con el ejido, en 1988 se le expropiaron mil 192 hectáreas, pero cuando se ejecutó se añadieron 18 hectáreas no incluidas, donde el IVEY y el Ayuntamiento construyeron el fraccionamiento Alborada, de unas 150 viviendas; luego, un grupo de invasores ocupó una porción de esas hectáreas.
La denuncia que se prepara es para que IVEY pague los 86 millones 308 mil 694 pesos que cuestan esas tierras que ahora han ocupado con fraccionamientos y que además permiten la invasión en la zona de El Roble Agrícola.
“Al Ayuntamiento de Mérida lo vamos a demandar por construir en tierras que no le pertenecen, sino al ejido, y además la denuncia será contra el Registro Público de la Propiedad porque sin investigar a fondo han inscrito nombres de privados como posesionarios de algunas secciones de las 18 hectáreas invadidas”, expuso Mena Crespo.
Según los ejidatarios, el jueves, cuando acudieron al IVEY a buscar respuestas, sólo encontraron rechazo; luego fueron al Ayuntamiento de Mérida, donde representantes de la Dirección de Gobernación les informaron que el miércoles recibirán por escrito información sobre en qué situación se encuentra la ocupación de El Roble Agrícola y el fraccionamiento Alborada.
Acusaron que el Ayuntamiento solapa la invasión al que denomina “Forjadores” porque no les ha cortado la luz, sino que se cuelgan del alumbrado público, ya no que tienen contrato de la Comisión Federal de Electricidad, aseguran los ejidatarios.
Este domingo al mediodía, el ejido Cinco Colonias volverá a sesionar para revisar el camino que seguirán para defender las tierras que, según sus documentos, les pertenecen.
La protesta
Como informamos, el jueves los ejidatarios se manifestaron a las puertas del IVEY. “El director (del IVEY) no quiere dar la cara, se está escondiendo”, aseveró el líder ejidatario Juan de Dios Mena Crespo y lamentó que -teniendo documentos en mano- no les dan razón como los propietarios, como estableció el Juzgado Segundo de lo Civil el 11 de junio de 2019.
Los inconformes también denunciaron que el Ayuntamiento de Mérida tiene conocimiento del robo de energía eléctrica por parte de los ocupantes de los terrenos y no ha hecho algo para evitarlo. Por ello, después de presentarse en el Instituto de Vivienda, se desplazaron a la Comuna para exponer dicha situación.
“Nos dijeron que el Ayuntamiento no tiene injerencia, prácticamente se están lavando las manos, y que es responsabilidad de la Comisión (Federal de Electricidad, CFE)”, se quejó Mena. “No pueden decir que no tienen nada qué ver, si hay un fraccionamiento sobre el terreno”. Reveló que fueron citados para el próximo miércoles para la entrega de un documento que avale la postura del Ayuntamiento.