Ejidatarios, artesanos, ambulantes y guías de turistas de Chichén Itzá bloquearon la carretera federal Mérida-Valladolid, en represalia por las medidas que ha tomado el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en contra ellos.
Como “respuesta”, la dependencia advirtió que se mantendrá firme en su postura, ya que está amparada por las leyes federales y acusó a los manifestantes de “buscar su beneficio propio”.
Desde temprana hora, unas 100 personas impidieron el acceso a la zona arqueológica, como protesta por lo que calificaron de “atropellos” en su contra y que les impiden trabajar.
Incluso, presentaron un oficio de solicitud de destitución del director del INAH en Chichén Itzá, Marco Antonio Santos Ramírez, documento en el que, sin firma, aparecen los nombres de los comisarios ejidales de Pisté e Xcalacoop, Armando Dzul Mex y Jeremías Cimé Ciau, respectivamente; del comisario municipal de San Felipe Nuevo, Efraín Cen Ucan; las representantes de artesanos, Silvia Cimé Mex y Teresa de Jesús Díaz Santamaría; y de los representante de guías de turistas, Erik Cen Poot y Armando Pech Pool, así como los regidores de Tinum, Carlos Galdino Nahuat Mex y Eladia Poot Poot.
El encargado del despacho del Centro INAH-Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, afirmó que “tenemos la obligación de dar un servicio pública para la visita, en virtud de que las zonas arqueológicas son un Patrimonio de la Nación”. Por ende, se dio acceso a los visitantes a través de la puerta aledaña al parador turístico, y afortunadamente, no se registró incidente alguno.
Asimismo, de manera oficial se presentó el “Reporte Interno del INAH”, en el que se destaca el problema planteado y las acciones que derivaron la inconformidad.
En el caso de los artesanos y comerciantes, se les ha controlado el crecimiento al interior del sitio y delimitado los espacios donde almacenan y guardan las estructuras de sus puestos, se evitó la creación senderos nuevos que ocupan para hacer sus necesidades fisiológicas.
También se prohibió el trabajo a menores de edad; se persigue la venta de drogas y alcohol al interior del sitio además que se limitó el uso de lonas plásticas para únicamente cuando hay lluvia, para no tapar la vista de los monumentos.
En el caso de los guías de turistas, se aplicó la normatividad en la materia a las agrupaciones Akab Dzib y Tu guía Yucatán, que encabeza el regidor Carlos Galdino Nahuat.
Al comisario ejidal de Pisté, Armando Dzul Mex, se le impidió usar áreas verdes porque pretendía “abrir” nuevos espacios de estacionamiento.
Por ende, se aplicó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para la protección del patrimonio y para cuidar el entorno natural.
El comisario Dzul Mex, como su predecesor, Evelio Mis Tun, intenta crear más espacios de estacionamientos y cobrar por su uso; pedirle cuotas a guías y comerciantes con el argumento de que usan propiedades ejidales, y dar lugares a comercios irregulares como venta de paquetes turísticos en contubernio con el regidor Galdino Nahuat.
Todas estas acciones de ordenamiento provocaron la inconformidad de Galdino Nahuat y Dzul Mex, ya que se han visto afectados sus intereses particulares.
La actitud de ambos va en deterioro de la zona arqueológica más visitada del país, debido al ambulantaje desmedido, la venta de sustancias prohibidas, la reventa de accesos y la destrucción de áreas verdes
El bloqueo fue convocado por la agrupación liderada por Carlos Nahuat Mex, quien indicó que los inconformes eran ejidatarios, artesanos, comerciantes, trabajadores independientes y guías de turistas, principalmente de Pisté, Xcalacoop y San Felipe, comisarías de Tinum.
Adelantó que fueron atendidos por Juan Cristóbal Orozco Alonso, subdelegado en oficina de Representación de la Secretaría de Gobernación en Yucatán.
Trascendió que a la manifestación también se suman líderes comunitarios y del Secretariado de Pueblos Indios de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac).
Representantes de la Ciaoc señalaron que, desde hace casi una década, artesanos y comerciantes que se instalan en Chichén Itzá han solicitado la expropiación de 700 hectáreas enclavadas en esa zona arqueológica, y también que se destine el 15 por ciento de los ingresos que captan mensualmente el INAH para sus comunidades, que dijeron son históricamente marginadas.
Los manifestantes exhibieron las pancartas, en las cuales enlistaban sus respectivas peticiones, y aseguraron que continuarán con el bloqueo en tanto todas y cada una de las demandas sean atendidas por las autoridades correspondientes.
Aclaraciones al Cioac
Cabe destacar que el 29 de marzo de 2010, el Gobierno del Estado de Yucatán adquirió los terrenos que ocupa la zona arqueológica de Chichén Itzá, un total de 80 hectáreas, 45 de las cuales corresponden a la totalidad de la zona arqueológica considerada una de las principales capitales del mundo maya.
Conforme a la negociación pactada, Cultur cerró el trato con Hans Jürgen Thies Barbachano, con un acuerdo de adquisición en 220 millones de pesos.
Los terrenos estuvieron en litigio por años, aunque en 2004 la Suprema Corte de la Nación ratificó que se trataba de una propiedad privada.
Luego del interés mostrado por el gobierno estatal y las negociaciones correspondientes, Thies Barbachano accedió a realizar el acuerdo con Cultur.
Asimismo, del total del dinero captado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por concepto de pago por el acceso a los sitios, solo el cinco por ciento es devuelto a los 12 municipios donde hay sitios prehispánicos, pero únicamente Tinum aprovecha el recurso federal, ya que los demás ayuntamientos siguen sin concretar los acuerdos con el INAH.
Por ende, es el Ayuntamiento de Mérida el que dispone del recurso federal que anualmente se le otorga, y es quien se encarga de ejercerlo.
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JG