La granja de cerdos que contamina, en Santa María Chi, permanecerá clausurada y superará el mes sin funcionar. Esta victoria para la comisaría, sin embargo, no es definitiva. Y es que el Juzgado Cuarto de Distrito de Mérida, finalmente no dio una resolución como parte del proceso del caso, sino que aplazó su decisión para el 9 de enero.
No obstante, para esa fecha se habrán cumplido 34 días sin que la granja Santa María pueda hacer algo más que solo sacar cerdos de sus instalaciones.
La noticia la compartió el comisario Wilberth Nahuat Puc y publicó el siguiente mensaje en la cuenta oficial de Facebook de la población: “Sin duda seguimos de pie y con la frente en alto, por nuestra salud y respirar aire puro, por los niños, adolescentes y adultos mayores”.
En un comunicado, se explicó que la audiencia en la que se decidiría sobre la suspensión definitiva de la granja Santa María se pospuso para el 9 de enero de 2024, debido a que no todas las autoridades demandadas han rendido sus informes previos.
Como POR ESTO! informó, el Juzgado Cuarto de Distrito de Mérida admitió la demanda de amparo presentada por 30 niños, niñas y adolescentes de Santa María Chi, a través del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), por lo que concedió la suspensión provisional para efecto de que “las autoridades responsables en el ámbito de su competencia, ordenen la inmediata paralización de operaciones”.
De esta manera, la suspensión provisional concedida a la niñez de la comisaría sigue vigente, así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa con sede en Mérida. Asimismo, consideró como infundado el recurso de queja 454/2023 interpuesto por la empresa Porcicola Chumoxil, S.A de C.V., en contra de la suspensión provisional concedida a la niñez de Santa María Chi.
En dicha determinación, el Tribunal Colegiado sostuvo que “quedó demostrado indiciariamente el interés suspensional de los quejosos, al haberse acreditado que eran residentes de la localidad donde se encuentra instalada y en funcionamiento la granja porcícola… por lo que a la luz del principio de precaución, se estima que pueden resultar afectados con las operaciones porcícolas que ahí se realizan y que se atribuyen efectuadas en contravención a los requerimientos ambientales indispensables para su óptimo funcionamiento”.
El Tribunal reiteró que “el derecho fundamental a un medio ambiente sano, tratándose del otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo indirecto, implica que deban tomarse todas las medidas necesarias para garantizar cautelarmente ese derecho, a fin de impedir la ejecución de actos susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la biodiversidad, afectándose con ello a la colectividad, en su conjunto”.
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LV