Paraíso Sisal: Especulación y atomización, armas de los Campos Agüero para invadir la Reserva

La especulación y la atomización son dos de las “armas” que empresarios inmobiliarios están utilizando para apropiarse de tierras en espacios exclusivos, no sólo en la zona costera de Yucatán -verbigracia los hermanos Campos Agüero y Barbachano Herrero, con Paraíso Sisal-, sino en todo el Estado, con terrenos ejidales en sitios de alta demanda y otros protegidos.

Gabriela Torres-Mazuera, científica del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que los propietarios esperan años para hacerse incluso de áreas de reserva natural, como en el Pueblo Mágico yucateco; cuando, finalmente, lograron su propósito, utilizaron varios artilugios legales para poder construir, uno de los cuales fue presentar los Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) sobre edificaciones únicas y no sobre un complejo inmobiliario.

Parte de lo que la especialista expone quedó de manifiesto en lo documentado por POR ESTO!: el hijo de Víctor Manuel Campos Agüero, Víctor Manuel Campos Díaz, quien sin dar golpe recibió tablajes catastrales en privilegiadas playas, solicitó permisos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para construir “una casa de verano”, es decir, una MIA para una obra, no sobre un complejo. Pero es posible que “detrás” de este proyecto aterricen otras viviendas; esta “atomización” es parte de lo que Torres Mazuera señala como una artimaña para brincarse la norma, a la que recurren los empresarios.

Con permiso oficial

Como POR ESTO! ha documentado e informado en las recientes semanas, en la costa Norte de Yucatán, en el municipio de Hunucmá, se ha desarrollado un complejo inmobiliario en tierras que antes eran vírgenes y donde estaba prohibido construir. Sin embargo, todos estos cambios han tenido lugar a partir de “trámites” entre los titulares de estas tierras, los Barbachano Herrero y Campos Agüero, que han recurrido a un andamiaje legal que les ha permitido edificar inmuebles en terrenos donde antes estaba prohibido hacerlo.

Este escenario no es exclusivo de las zonas costeras de la Península de Yucatán, sino que también ocurre de manera similar en las tierras de uso común, como selvas y ejidos, tal como lo destaca en entrevista Gabriela Torres-Mazuera, doctora en Ciencias Sociales e integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Ha habido un aumento de la organización y de interés de expandir todos esos proyectos inmobiliarios en la costa, pues en los últimos 10 años ha adquirido más valor o, más bien, están llegando más inversionistas; con ello hay un interés muy fuerte, no sólo de la costa, sino también en todos los ejidos alrededor de la ciudad de Mérida, los cuales han experimentado estos cambios, primero de propiedad y luego de uso de suelo”, puntualiza la experta, quien también es miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (Ccmss).

Pero esos “trámites” no se dan de la noche a la mañana, pueden llegar a dilatar décadas en obtener autorizaciones de organismos como la Procuraduría Agraria (PA), en el caso de los ejidos, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para los terrenos forestales o costeros.

“En primer lugar, los terrenos (con títulos) ejidales, requieren que los inversionistas intervengan para transformarlos a propiedad privada; en segunda, está hacer el cambio de uso de suelo, porque la mayoría de estas tierras son agrícolas o forestales y el cambio que se hace asociada hacia el uso urbano, lo cual no es correcto, pues son dos procesos independientes, pero que luego se vinculan”, explica Torres-Mazuera.

Para que esto “cuaje”, la investigadora señala que hay que recurrir a las autoridades independientes en el tema del cambio de régimen de propiedad de los ejidos, como la Procuraduría Agraria y con el Registro Agrario Nacional, posteriormente el cambio de uso de suelo hay que solicitarlo a la Semarnat a partir de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Visión limitada en las MIA

A propósito de este último requerimiento, Torres-Mazuera apunta a que los proyectos de construcción donde se presentan estas MIA plantean un contexto parcial de lo que se pretende edificar. “Observo que estas Manifestaciones que se hacen por proyecto no se plantean como un desarrollo inmobiliario de 300 casas, sino que se plantean el impacto de una casa”, contrasta. “Digamos, el proyecto que es muy grande indica un pedacito de la construcción con un inmueble, pero no da cuenta de la magnitud de ese proyecto (completo). Porque no es una casa a la que se va a hacer, se van a hacer muchas”, aclara.

Para ella, esta “visión muy limitada” de las MIA es un problema que tampoco considera otros impactos que ya están teniendo lugar en el presente, como en las edificaciones que ya han sido construidas en proyectos que han ido emergiendo en un periodo corto de tiempo; “y que si pones una casa más o un proyecto más, pues ya se suma a lo que ya existe, esta visión acumulativa de los proyectos tampoco se está analizando en estas manifestaciones de impacto ambiental”, resalta.

Este problema se añade a la ausencia de instrumentos que regulen el crecimiento de la mancha urbana, así como de desarrollos inmobiliarios: “En ninguno de los municipios costeros del Yucatán existen ordenamientos ecológicos territoriales que serían los instrumentos de gobernanza que establecerían los usos de suelo”.

La experta comenta que “no existe esta regulación y quizá porque no hay interés de los municipios para regular, ya que a fin de cuentas el negocio está en otorgar permisos (a los desarrolladores e inversores inmobiliarios). Entonces como hay este vacío de ordenamientos ecológicos, pues también se ha ido avanzando con estos proyectos y sus respectivas manifestaciones de impacto ambiental, que las hacen consultoras que no tienen un criterio general del territorio”, advierten la científica.

Simulaciones en campo y mar

En ese contexto, “(los inversores y empresarios) han encontrado formas para privatizar las tierras de los ejidos mediante simulaciones legales, ya que la mayor parte de los ejidos en Yucatán tienen tierras de uso común, que por ley son inalienables, o sea no se pueden vender, así está establecido en la Ley Agraria, y si tienen cubiertas forestal o manglar no se pueden parcelar, también lo dice la legislación agraria”, agrega.

De esta manera ha habido distintos mecanismos para lograr parcelar o lotificar estas tierras y cambiarlas a dominio pleno, es decir, extraer la propiedad de este régimen y convertirla a propiedad privada, precisa Gabriela Torres-Mazuera.

Esto no había sido así siempre. “Desde (la primera década del) 2000 diversos actores involucrados, como abogados, notarios, se han vinculado con funcionarios corruptos y exfuncionarios que ya son empresarios o que asesoran a empresarios para acceder a estas tierras”, lo que ella a señalado como “la mafia agraria”.

Sin embargo, las modificaciones a la legislación ocurrieron a finales del milenio pasado. “En los 90 se reforma la Ley Agraria, de manera que ahora se permite que los terrenos nacionales se puedan adjudicar a privados”. Luego “entran estos agentes a apropiarse de terrenos nacionales que tienen cierto valor por su lugar estratégico”.

Este proceso de trámites se ve en los expedientes y documentos que comprenden el caso de Paraíso Sisal, por ejemplo, “tuvieron que esperar 20 años, tiempo en que fueron viendo cómo lograr estas autorizaciones” (de cambios de uso de suelo y urbanización).

No sólo eso, la investigadora también se refirió al “decretazo” de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, con el cual se recortaron los terrenos de la familia Barbachano ubicados en la reserva El Palmar; “digamos, se le quitan las restricciones para organizarse, la principal era esa, excluirla de una reserva ecológica”.

Ordenamiento en Hunucmá

Ante la pregunta de si sería factible modificar la legislación reconsiderando la importancia de conservar los terrenos forestales y no sobre su valor económico, Gabriela Torrez-Mazuera responde que lo “primero es hacer el ordenamiento ecológico territorial de Hunucmá”, ya que es “un municipio con todas estas presiones de desarrollo inmobiliarios, no solamente en la costa en Sisal, sino ya toda la transformación en torno a la demarcación”.

También, la especialista destaca la urgencia de contar con ese ordenamiento de parte del municipio, “para establecer con claridad las restricciones de construcciones, primero en la costa y en aquellas áreas que todavía cuentan con cubierta de selva caducifolia. y en donde claramente es ilegal desde el enfoque de la Ley Agraria”, pues con este instrumento “no se podría estar cambiando un cambio de uso de suelo o de propiedad, eso ayudaría a blindar, así como fortalecer a los mismos ayuntamientos”.

Aunado a ello, también sería necesario que los servidores públicos locales se capaciten en esta materia y la revisión de manifestaciones de impacto ambiental, para “establecer criterios”, pues reconoce que son muy técnicas, y pues no tiene una formación necesaria para vigilar el cumplimiento de criterios que prevengan el impacto negativo sobre el medio ambiente.

Continuará…

Síguenos en Google News y recibe la mejor información

CC