En los últimos tres años en Yucatán es notable el crecimiento de los delitos sexuales, al grado que se denunció un caso cada tres días, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El director de la asociación Hogares Mana, Víctor Chan Martín, afirmó que, en México, cerca de la mitad de los abusos sexuales cometidos en contra de niños y adolescentes fueron protagonizados por familiares de los menores de edad, mientras que en el resto de los delitos están involucrados vecinos y conocidos, así como por personas que nunca habían tenido contacto con ellos.
Tan sólo en el primer bimestre del año, en el Estado se denunciaron 27 delitos sexuales, con un aumento del 145.45 por ciento, en comparación con el mismo período de 2020, cuya suma fue de 11 casos.
Incluso se supera el total de querellas interpuestas en enero y febrero de 2019, que fue de 11, y la cifra de 2018, que fue de 21. En la República Mexicana son al menos seis los delitos contra la libertad y la seguridad sexual tipificados, en Yucatán el más común es el abuso sexual, seguido de la violación simple y el acoso sexual.
A partir de 2017 en la Entidad se registró una disminución del problema; sin embargo, en 2022 se presentó el efecto rebote, por lo que hay una tendencia al aumento. En 2017 se registraron 669 delitos, la cifra más alta en seis años, mientras que en 2021 fueron 107, la más baja, pero en 2022, el problema aumentó 28.97 por ciento, al contabilizar 138 incidentes.
De 2017 a 2022 se registraron mil 625 delitos en este rubro, de los cuales mil 53 fueron por abuso sexual, seguido de violación simple, con 456 casos. También en este lapso se cometieron 31 delitos de acoso sexual, 30 de violación equiparada, 20 de hostigamiento sexual y cuatro de incesto.
Chan Martín convocó a los yucatecos a evitar, parar y reportar el abuso sexual infantil, pues es una de las formas para proteger, defender y cuidar a los menores de edad. Añadió que la protección de niños y adolescentes debe ser una prioridad para toda autoridad y sociedad, por lo que se necesitan más políticas públicas de protección y defensa de los derechos de los infantes.
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CC