La titular de la secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno del Estado, Sayda Rodríguez Gómez, huyó de los medios de comunicación que buscaban ampliar la información para la ciudadanía sobre las denuncias que esa dependencia interpuso contra las obras irregulares de la inmobiliaria Paraíso Sisal.
Se excusó con que debía “atender una llamada muy importante”, lo que a todas luces no fue, sino una forma de “huir” y no dar la cara sobre una acción que, de motu proprio, tomó la dependencia a su cargo, tras la información publicada en POR ESTO! sobre la inacción de las autoridades estatales ante los abusos de la inmobiliaria propiedad de los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero.
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Como informamos la semana pasada, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró los geotubos que ilegalmente instaló la empresa que encabeza el llamado Cártel de Sisal; en el comunicado sobre la sanción al complejo habitacional de lujo, la dependencia federal especifica que la inspección se derivó de una denuncia que interpuso la SDS por obras no autorizadas.
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Silencio oficial
Este martes, al término de una presentación en la Cámara Nacional de Comercio de Mérida (Canacome), reporteros abordaron a la funcionaria para preguntarle sobre el sustento de la denuncia ante la Profepa, pero Rodríguez Gómez se negó a atender las reiteradas peticiones para que explicara tanto la postura de la SDS ante las irregularidades como qué acciones está tomando la SDS para frenar a los hermanos Campos Agüero, y limpiar la imagen de la dependencia, ya que fue su antecesora, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), encabezada por Eduardo Batllori Sampedro, la que avaló la entrega de los terrenos que formaban parte de la Reserva Estatal El Palmar a los empresarios, a través de un “decretazo”, que firmaron el propio Batllori, y la entonces gobernadora Ivonne Aracely Ortega Pacheco.
Esta negativa a informar a la ciudadanía contrasta con lo que le dijo al POR ESTO! el 13 de marzo pasado, cuando aseguró que, en el caso de Sisal, “acompañaban a la Federación en su proceso de actuación”; en ese entonces, también afirmó que la SDS no podía intervenir sino por petición de las instancias federales, a saber la Profepa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“El Gobernador (Mauricio Vila) ha sido muy insistente en poner a disposición de la Semarnat, la Profepa y la Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) el acompañamiento del Gobierno del Estado y lo hemos mejorado”, aseguró. “La comunicación es más activa al esquema de prevenir para evitar que esto se salga de control”. Reiteró que “la Federación es la que tiene que actuar al respecto, no solamente en la investigación, sino la generación de las medidas precautorias en caso de no contar con permisos”.
Sin embargo, el 18 de abril, Profepa Yucatán informó que su Oficina de Representación de Protección Ambiental recibió una denuncia por parte de la SDS del Gobierno del Estado con relación con Paraíso Sisal. La dependencia estatal le dijo a la Procuraduría que “se abrieron caminos en terrenos con vegetación de matorral de duna costera y se instalaron estructuras de geotubos tipo espigón en los terrenos del proyecto sin la autorización correspondiente”.
Después de inspeccionar las obras del complejo de los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero, la Procuraduría detectó que se instalaron 50 tubos geotextiles, “sin considerar y aplicar los criterios y especificaciones establecidos por la autoridad normativa, lo que pudo haber causado daños o deterioro grave a los recursos naturales. Por esta razón, se tomó la medida de clausurar temporalmente las actividades del proyecto”.
Tras la sanción de Profepa, el periódico de la Dignidad, Identidad y Soberanía le solicitó a la secretaria de Desarrollo Sustentable información más detallada de la denuncia y su postura de lo acontecido. Sin embargo, hasta ahora no ha respondido. Ayer, cuando se le quiso abordar personalmente al final de una rueda de prensa, evadió los cuestionamientos, lo que contrasta con un encuentro previo, cuando afirmó: “Estamos al pendiente y coordinados y nos hemos puesto a disposición de la Federación. Las autoridades que generan los permisos son las federales, entonces, hay la coordinación para que la autoridad federal pueda utilizar las normativas estatales para apuntalar estos permisos”. Aclaró que “a veces son eficaces y otras no tanto en la aplicación del criterio”, puesto que el reglamento en temas ambientales “es muy complejo”. “Las competencias son coordinadas y tienen que coadyuvar”, apuntó. “Hay competencias que son de orden federal, otras estatales y municipales. Al no generar una coordinación adecuada se generan estos abismos normativos, que pueden propiciar unos malos crecimientos (urbanos)”, aseguró.
Para entonces, POR ESTO! ya había documentado ampliamente cómo los dueños de Paraíso Sisal, los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero, mediante argucias legaloides, primero se hicieron de la franja que pertenecía a un área natural rica en flora y fauna endémicas, y después lo lotificaron para venderlo a pedazos.
Rodríguez Gómez declaró que la Federación podía pedirles “una opinión técnica” y que, sólo entonces, “nosotros contestamos si es factible o no, pero es solo una parte de su investigación”. Sin embargo, ayer no quiso dar la cara.
Continuará…
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CC