Paraíso Sisal: Asociaciones exigen detener la especulación inmobiliaria del Cártel

El proyecto Paraíso Sisal es una muestra de la falta de responsabilidad social porque incumple con el medio ambiente y tiene “irregularidades” en lo que ofrece, según los valores que promueve la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), organización que -al igual que lo han hecho otras- advierte que la especulación en la zona aledaña a la reserva natural El Palmar causa daños irreversibles a la naturaleza.

“La responsabilidad social y las nociones básicas de sustentabilidad no son ‘populares’ y deberían serlo (…) el respeto al medio ambiente “nos conviene a todos”, expuso, y agregó: “A los que somos yucatecos, sí nos da mucha tristeza ver que se pase por encima del medio ambiente y que se ponga en riesgo el patrimonio de las familias”, expresa el reelecto presidente de la AMPI, Enrique Trava Griffin.

Este rechazo a la especulación y a la irresponsabilidad de los empresarios inmobiliarios con el medio ambiente, que se evidencia con los actos de los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero, no solo genera daño a la naturaleza, sino también un rompimiento del tejido social de la zona, advierte Haizel de la Cruz, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, porque “se despoja a las comunidades de sus tierras y sus playas con la idea de construir grandes centros recreativos”.

La activista dijo que esa manera de operar del Cártel del Sisal también se ha estado viendo en zonas como Cancún, donde “toman los recursos para abastecerse, pero también generan una gran contaminación porque “sus desechos son depositados en estas zonas, toda vez que no incorporan un sistema de saneamiento de agua y los tiran al mar o a cenotes”.

Retrato de vicios

Ayer, el presidente de la AMPI Yucatán, Enrique Trava Griffin, enumeró los vicios de proyectos inmobiliarios actuales, y ahí quedó “retratado” el complejo de viviendas de lujo que los Campos Agüero comercializan en la costa Norponiente de la Entidad. Habló, por ejemplo, de la falta de compromiso con la ecología, y dijo que no es algo que guste a todos: “La responsabilidad social y las nociones básicas de sustentabilidad no son ‘populares’ y deberían serlo… Nos conviene a todos”, reiteró.

En ese sentido, Paraíso Sisal incumplió normas ambientales al colocar geotubos a lo largo de casi mil 800 metros de playa; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró los “espigones artificiales”. “Sí nos da mucha tristeza ver que se pase por encima del medio ambiente y que se ponga en riesgo el patrimonio de las familias”, insistió.

El presidente de la AMPI señaló que son demasiadas las agravantes si un proyecto inmobiliario o asentamiento humano no están en una zona adecuada que permita el desarrollo urbanístico. Consideró que esta situación es tan delicada, que resulta muy riesgosa, incluso cuando se presenta dentro de una ciudad.

“Le pega al núcleo principal (de la ciudad) en lo que es la conectividad, en lo que es la comunicación, la infraestructura, los servicios públicos”, afirmó.

Entonces, indicó que algunos lotes que se ofrecen “no se les puede llamar desarrollos, sino asentamientos humanos, que se vuelven asentamientos infrahumanos”, que en muchas otras partes del país han generado “condiciones deplorables” para vivir y “cinturones de miseria”.

“No se cumple con ninguna de las tres aristas de la sustentabilidad, que es la social, la económica y la ambiental”, sostuvo. Por ello, Trava Griffin hizo un llamado a seguir las regulaciones de los tres órdenes de Gobierno. “La mayoría lo hace, sí puede ser tardado y costoso, pero el Estado lo amerita”.

También habló de las “irregularidades” de muchas inmobiliarias que ofrecen lo que no pueden cumplir: “Eso es sumamente costoso y hay decenas de miles de personas confiando en este tipo de proyectos de lotes, depositando su dinero, pensando que están haciendo una buena inversión, pero que se van a llevar decepciones tremendas cuando traten de recuperar esa inversión”, detalló, sobre lo que ya es un mal generalizado.

En el caso de Paraíso Sisal, se ofrece en su publicidad que “nosotros mismos podemos venderte y construirte tu residencia frente al mar”, pero el único permiso que tiene la inmobiliaria de los Campos Agüero es el de lotificación para vender los terrenos, como la misma Profepa “aclaró” en la información oficial sobre la clausura de las estructuras que generan erosión costera. Dijo que los dueños de las tierras solo tenían permiso para lotificar y que, en todo caso, los compradores tendrían que solicitar de manera individual permiso para edificar.

Explotación de recursos

Sobre esta especulación que se ha alcanzado en la costa yucateca, Haizel de la Cruz, de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, reiteró que la forma de operar de los hermanos Campos Agüero es similar a la que ocurre en Cancún, donde explotan los recursos, causan contaminación y, por si fuera poco, tiran desechos ahí porque no incorporan un sistema de saneamiento de agua.

Con respecto a la sanción de Profepa a Paraíso Sisal, De la Cruz indicó que se ha observado que detienen las obras de construcción por un tiempo; pero, después, “no sé qué pase ahí, no sé si tienen algún modo de trabajo, porque les vuelven a dar los permisos, o bien, se clausura una obra mientras otros cientos en esa zona que hacen lo mismo, es decir que una clausura les sirve para tapar las otras”, aseguró.

“No se sabe qué pasará en el caso de Paraíso Sisal, la Asamblea ve ‘focos rojos’”, advirtió.

“Lamentablemente, el daño ya está hecho; nosotros somos comunidades mayas y tenemos una relación y esto está trastocando fibras, la cultura y la vida de las comunidades mayas”, expresó con tristeza.

Proceso con irregularidades

Como hemos informado, la lotificación de un alargado terreno en el lado poniente de Sisal, a manos de los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero, ha estado marcada por irregularidades -según especialistas consultados-, especialmente en la obtención de permisos, específicamente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que consideró que su proyecto no era “ambientalmente viable” en su en el oficio No. /26.4/UGA-400/ (No. de Bitacora: 31/MP-0051/02/06), con fecha del 23 de agosto de 2006, tras el análisis de la Unidad de Gestión Ambiental y Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental.

Sin embargo, como POR ESTO! reveló, todo ello cambió 11 años después, con la “mano amiga” de personajes como el entonces delegado en turno en Yucatán de la propia Semarnat, Hernán José Cárdenas López, quien, prácticamente con la misma documentación que se presentó y rechazó en el 2006, lo avaló en el 2018.

Continuará…

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CC