Habitantes de Dzemul entregaron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un documento que los acredita como concesionarios de la salinera de Xtampú o Meyah Taab de Dzemul, lo que da un giro al problema existente en el que un grupo de ejidatarios tiene tomadas las instalaciones alegando que son propiedad privada y cuyos dueños son familiares de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Además, la Fiscalía General del Estado continúa las investigaciones sobre la denuncia penal presentada por los ejidatarios en contra del exadministrador, José Francisco Aké Ku, y sus familiares que mantienen tomadas las instalaciones por instrucciones de los supuestos propietarios.
Como informó POR ESTO!, la salinera se encuentra invadida por un grupo de ejidatarios alegando que es propiedad privada y presentó un documento sin sellos donde se lee que los dueños son Elizabeth Ortega Cano, María Beatriz Ortega Cano, María de los Ángeles Ortega Cano de Leal, María del Pilar Ortega Cano, Patricia Eugenia de los Dolores Ortega Cano, Eduardo Ortega Escalante, Fernando Ortega Escalante y Carolina Ortega Escalante, figurando como representante Julio Castillo, quien trabaja con Ivonne Ortega.
El comisario ejidal Roberto Vera Catzim señaló que en días pasados le entregó a Eduardo Martínez, funcionario de la Semarnat y enlace con el subsecretario de Planeación Política Ambiental de la dependencia, Iván Rico López, una copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria Constitutiva de la Sociedad de Solidaridad Social Salinera Xtampú, firmada en 1982, en la que establece la concesión a 72 ejidatarios para la producción de sal en 20 hectáreas, 10 entregadas por el Gobierno Federal y 10 por el ejido; de la cual tiene una copia POR ESTO!
El acta fue firmada por representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria, la Liga de Comunidades Agrarias de Yucatán y la Confederación Nacional Campesina, y en ella se establece que los ejidatarios trabajarán en forma colectiva y la sociedad queda integrada por personas físicas de nacionalidad mexicana, especialmente ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, y entre los firmantes no hay alguno que tenga el apellido Ortega.
“Esto muestra que las tierras fueron entregadas en concesión a los ejidatarios de Dzemul y, por lo tanto, es falso el argumento de quienes tienen tomada la salinera, de que es propiedad privada y que inscribieron el predio en 2014; sin embargo, no han presentado documentos”, abundó Vera Catzim.
Agregó que el funcionario de la Semarnat constatará el acta que le enviaron con el Diario Oficial, para comprobar si existe la concesión y proceder legalmente contra los usurpadores.
En tanto, señaló que se les acercó Julio Castillo, por parte de los que se dicen dueños, supuestamente para conciliar el problema entre ellos y quienes tienen tomada la salinera, ofreciéndoles dos palapas grandes y cinco charcas, de las 15 existentes, para que trabajen.
“Además, nos pidió que nos desistamos de la denuncia penal en contra de José Francisco Aké, alegando: Dios lo castigará por sus acciones”, señaló.
El comisario ejidal señaló que desecharon sus peticiones y que continuarán con la denuncia penal en contra de Francisco Aké, al mismo tiempo que seguirán colaborando con la Semarnat para presentar los documentos necesarios que acrediten que la salinera es de los ejidatarios y no de la familia de Ortega Pacheco.
Cabe señalar que no es la primera vez que la Semarnat intervine en Dzemul en un problema de tierras donde está involucrada la exalcaldesa de Motul y exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega. Actualmente están en litigio en la Procuraduría Agraria 800 hectáreas que el empresario Rodrigo Rosas Cantillo presume haber comprado a Ortega Pacheco; sin embargo, nunca presentó documento alguno mientras que los ejidatarios ya mostraron pruebas de que esas tierras les pertenece al ejido y que ni Ortega Pacheco ni sus familiares tiene terrenos en Dzemul.
Por cierto, el empresario deforestó dos hectáreas de esos terrenos antes de que los ejidatarios le impidieran continuar con la labor, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente intervino y está analizando la multa que le interpondrá a Rosas Cantillo por no contar con Manifiesto de Impacto Ambiental y dañar la entrada de un cenote y vegetación endémica y en peligro de extinción.
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LV