En las cárceles de Yucatán al menos el 20 por ciento de la población pertenece a grupos considerados vulnerables, principalmente personas de origen indígena e integrantes de la comunidad LGTTQ+, que son los colectivos más numerosos, revela un informe de la Secretaría de Gobernación.
Además, hay 16 personas de origen extranjero purgando condenas, la mayoría de origen cubano y estadounidense. En contraparte, en los penales federales de otras Entidades del país se encuentran presos 58 yucatecos, la gran mayoría hombres, con 54 y cuatro mujeres.
Entre esa mezcla de personas, los penales de Yucatán están entre los mejor evaluados en el país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2022 y ubica al Estado en el segundo lugar del ranking nacional, con acciones estratégicas y buenas prácticas en la atención integral de las Personas Privadas de su Libertad (PPL), en aras de una efectiva reinserción social.
Históricamente es el mejor lugar alcanzado por Yucatán en esta supervisión anual que, desde 2006, realiza la CNDH.
De acuerdo con el Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria, en los cuatro Centros de Reinserción Social de Yucatán, dos en Mérida, Tekax y Valladolid, se encuentran mil 608 internos, de los cuales mil 543 son hombres y 65 mujeres. La Entidad es de las que tienen menor sobrepoblación en el país: de los 3 mil 19 espacios disponibles está ocupado solo el 53.26 por ciento.
Sin embargo, el Centro de Reinserción Social de Tekax presenta una sobrepoblación del 13.16 por ciento, pues tiene 152 espacios y cuenta con 172 personas.
Hasta marzo pasado, fecha más reciente del informe, se señala que en los penales de Yucatán 149 personas fueron ingresadas, es decir, entraron a alguna de estas cárceles, en tanto 93 fueron puestas en libertad. Febrero inició con mil 552 personas presas y al final de marzo la población fue de mil 608 internos e internas.
Grupos vulnerables
Entre esa población se considera que un grupo pequeño pertenece a sectores vulnerables. De acuerdo con los datos estadísticos de población entre los internos hay 268 indígenas, es decir un 16.7 por ciento. Igualmente, del total de internos 40 pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+, que representan un 2.5 por ciento y 16 personas extranjeras, que abarcan sólo el uno por ciento.
En cuanto a las personas indígenas, la mayoría se identifica como mayas; sin embargo, también hay cuatro personas mixes, además, de chontal, yaqui, tzotzil y Chontal, uno por cada grupo, recluidos en los Ceresos del Estado.
El cuaderno estadístico penitenciario indica que se encuentran presas en Yucatán 16 personas extranjeras, de las cuales cuatro son de origen cubano, tres de Estados Unidos, tres de Colombia, dos de Belice, dos de Honduras, uno de Guatemala y uno de Ucrania.
En los Ceresos del Estado también se encuentran personas que se asumen como integrantes de la población LGBTTTIQ+, y en el último reporte se informa de 40 personas privadas de la libertad, de dicho colectivo, de las cuales seis se reconocen como lesbianas, 11 como homosexuales, 19 más que se reconocen como bisexuales, tres como transexuales y una persona queer.
En cuanto a penales con sobrepoblación a nivel nacional, destaca que las cárceles de Yucatán son de las que menor sobre población reportan, siendo esta del -46.87 por ciento, es decir, de los 3 mil 19 espacios disponibles están ocupados mil 604, que equivalen al 53.13 por ciento de su capacidad.
Procesos
Según la información, 194 personas se encuentran bajo el rubro de Población en Libertad Vigilada, 41 de los que obtuvieron beneficios de libertad anticipada y 153 más bajo el rubro de haber recibido algún sustituto de pena.
Entre las edades de los internos, 157 están en el rango de 18 a 24 años, 264 más en el rango de 25 a 29 años, 253 de 30 a 24 años, 193 de 35 a 39 años, 224 de 40 a 44 años, 171 más de 45 a 49 años. De los 50 a 54 años hay 121 internos, 70 más en el rango de los 55 a 59 años y 105 personas con 60 años o más.
A nivel nacional, en todo el país se registra una población penitenciaria de 231 mil 100 personas que están presas en penales estatales y federales, a razón de 218 mil hombres y 13 mil 100 mujeres. Por delitos del Fuero Común están presas 201 mil 254 personas, el 87.09 por ciento del total, y por delitos del Fuero Federal son 29 mil 846, es decir del 12.9 por ciento del total.
Buenas prácticas
Por otra parte, el director de Ejecución y Reinserción Social del Estado, Edgar Homero Rosado Muñoz, informó que la Entidad subió cinco lugares en su posición a nivel nacional, en comparación con los resultados de la edición 2021 del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, escalando del sitio 7 al 2, al obtener una calificación de 7.62 puntos, solamente superada por Querétaro que logró la primera posición al alcanzar un puntaje de 8.4.
Reconoció que históricamente es el mejor lugar alcanzado por Yucatán en esta supervisión anual que, desde 2006, realiza la CNDH y explicó que este diagnóstico es una atribución conferida en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que se examina las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, por medio de evaluaciones.
En esta ocasión fueron inspeccionados 235 centros estatales, 14 federales, 3 prisiones militares y 45 centros de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley.
“En Yucatán se evaluó a los Centros de Reinserción Social (Cereso) de Tekax, Valladolid y Mérida, así como el Femenil, conforme a las métricas del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, con un enfoque diferencial, especializado, con perspectiva de género, e interseccional, ponderando el respeto y la observancia a los derechos humanos de las PPL que garanticen su acceso a todos aquellos servicios que les permita una vida digna y favorezcan su reinserción social”, comentó.
Rosado Muñoz recordó que el pasado seis de junio acudió con la representación del subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Fernando José Rosel Flores, a la sede de la CNDH en la Ciudad de México, donde junto con otros titulares del sistema recibió los resultados del DNSP 2022 de parte de la presidenta y de la directora general de la Tercera Visitaduría del organismo nacional, Rosario Piedra Ibarra e Hilda Téllez Lino, respectivamente.
Indicó que los Ceresos de Yucatán fueron sujetos al proceso de auditoría, análisis y evaluación realizadas de manera presencial por las autoridades y visitadores de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, y puntualizó que los resultados es que las prácticas y la política penitenciaria se ajustan a los estándares que evalúa la CNDH, mismas que reflejan el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el quehacer penitenciario.
Explicó que además del análisis cuantitativo de la situación que impera en los centros penitenciarios y de internamiento en el país, el DNSP busca detectar los desafíos que enfrenta el sistema para garantizar el respeto a los derechos humanos y una vida digna tanto de las personas privadas de su libertad y de quienes ahí laboran.
Comentó que la CNDH observó una apropiada atención en temas como la existencia de normativa que rige a los Centros, actividades de capacitación laboral para las personas privadas de su libertad, atención médica suficiente, atención a personas con necesidades específicas, alimentación suficiente y de calidad, condiciones de higiene, así como los programas de prevención y atención de incidentes violentos.
Renovación de acreditaciones
Al destacar los avances, logros y cambios positivos alcanzados en el Sistema Penitenciario del Estado, el servidor público mencionó el reconocimiento de la Asociación de Correccionales de América (ACA, por sus siglas en inglés) que le renovará sus acreditaciones al Cereso Femenil y al Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama) por alcanzar, mantener y cumplir con los más altos criterios internacionales de calidad y buenas prácticas.
“La entrega de las reacreditaciones por tres años más será en agosto próximo en Filadelfia, Pensilvania, EE.UU., tras haber recibido en mayo pasado la visita de auditores especialistas de la ACA quienes evaluaron en ambos centros los estándares en seguridad, orden, salud y derechos humanos, entre otros ejes, constatando el cumplimiento al cien por ciento de las prácticas que establecen los lineamientos internacionales que emite dicho organismo”, informó.
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LV