Por unanimidad, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública, así como de Salud y Seguridad Social, aprobaron el dictamen de las iniciativas para despenalizar el aborto en Yucatán, por lo que pasara al Pleno para ser analizada mañana. La aprobación contempla reformas a los artículos 389, 390, 391 y 393, y derogar el 392 del Código Penal del Estado, que fueron presentadas por las diputadas de Morena, Clara Rosales, y de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta.
De acuerdo con el dictamen que se aprobó, las personas gestantes tendrán como límite la semana 12 para realizar el proceso de interrupción. En este sentido, el artículo 390 determina sanciones de tres meses a un año de prisión o de 50 a 200 días de trabajo comunitario a la persona que voluntariamente determine concluir su embarazo o consienta a otra persona la haga abortar después de estas 12 semanas. Respecto al aborto forzado, conocido como la interrupción sin el consentimiento de la persona gestante, se le establecieron sanciones de cinco a 10 años de prisión.
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Antes, en la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, se remitieron las opiniones discutidas en la sesión de ayer, para abonar al proyecto de dictamen correspondiente de las propuestas de despenalización del aborto.
En primer turno se presentó la postura respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado y de la Ley de Salud, en materia de despenalización del aborto y derechos a la salud sexual y reproductiva, presentada por la diputada Clara Paola Rosales Montiel y suscrita por la diputada Aracelly Pat Dzul.
En la lectura, Alba Cob Cortés indicó que esa iniciativa “se reviste de suma importancia, ya que representa una acción afirmativa a favor de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”.
“Su objetivo es atender una deuda histórica relacionada con la autonomía corporal, la igualdad de género, y en un aspecto más amplio, a una vida libre de violencia y discriminación”, se expuso.
Se enfatizó el derecho a decidir sobre el propio cuerpo como un componente esencial de la dignidad humana y se reconoció que el documento en estudio representa un avance estructural en el derecho a la salud sexual y reproductiva, para evitar que haya violencias institucionales en contra de decidir interrumpir un embarazo.
Seguidamente, se planteó la postura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el Código Penal del Estado y la Ley de Salud del Estado en materia de despenalización del aborto, suscrita por los diputados Larissa Acosta Escalante y Javier Osante Solís.
En la lectura, Neyda Pat indicó que prioriza la equidad y no discriminación y que se centra en la transformación en derechos humanos y salud reproductiva.
