Matar a un policía en Yucatán le salió barato al chetumaleño Angel González Cob, ya que los integrantes del Segundo Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial, le impusieron una sanción privativa de libertad de apenas 12 años y 6 meses de prisión y por haber sido cometido contra servidor público se le incrementó 2 años y 6 meses.
De la misma forma por haber tratado de matar a otro policía, la sanción penal que recibió fue de apenas 6 años y 8 meses de prisión, más 2 años 6 meses por ser cometido contra servidor público.
El delincuente recibió una sanción total de 24 años y 2 meses de cárcel y se le condenó al pago de más de un millón y medio de pesos por concepto de indemnización y el pago de una multa equivalente a los 806 pesos.
Su esposa a quien se le acusaba de coautora de los delitos, Nidia Pérez Euán, desde la semana pasada fue dejada en libertad al considerar los Jueces Sergio Javier Marfil Gómez, Verónica de Jesús Burgos Pérez y María del Socorro Tamayo Aranda, que no tuvo participación en los hechos delictivos, a pesar de que ella era la que llevaba en su bolso las armas y que ante el señalamiento del marido para que le pase las pastillas, refiriéndose a las armas, se dio muerte al policía Manuel Felipe Nery Blanco Méndez, de 32 años de edad.
Después de dispararle en la nuca al agente a bordo del vehículo oficial en el que eran transportados, le disparó al otro agente José Antonio Rodríguez Basto, quien forcejeó con su agresor y evitó ser asesinado también.
Ayer por la mañana se llevó a cabo la audiencia de individualización de penas y se dictó la sentencia en contra del presunto asesino, a quien se le declaró penalmente responsable del delito de homicidio simple cometido contra servidor público y homicidio simple en grado de tentativa contra servidor público, recibiendo una condena total de 24 años 2 meses de sanción privativa de libertad.
Cabe destacar que con los beneficios de la nueva Ley de Ejecución de Sentencia, pasando el 70 por ciento de su condena y pagando la reparación del daño, estamos hablando de que en unos 15 años estaría de nuevo en las calles, si no es que antes por medio de un amparo.
Los Jueces Integrantes del Segundo Tribunal del Poder Judicial, al emitir su veredicto, le quitaron las agravantes del homicidio calificado como lo son la premeditación y traición, dejando el delito de homicidio simple en el caso del agente muerto y de igual forma en el caso de la tentativa de homicidio, con lo cual el asesino vio disminuida su condena en forma considerable, ya que los fiscales adscritos en los alegatos de apertura pedían las penas máximas y esperaban en ese momento una sanción penal superior a los 40 años.
Según se dijo la Fiscalía General del Estado, no acreditó durante el juicio las agravantes del homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa cometidos contra servidor público.
El cobarde ataque se registró el día 13 de noviembre alrededor de las 06:30 horas, a la altura del kilómetro 45+500 del Anillo Periférico, justo enfrente del Complejo de Seguridad del Estado, en el interior de un vehículo Versa blanco, con placas de circulación ZBG-978-A, el cual era conducido por el agente de la Unidad de Antisecuestro Blanco Méndez, quien llevaba como copiloto al policía Rodríguez Basto, el primero de ellos recibió un balazo en la nuca y el otro a la altura del cuello y rostro.
Al sentenciado se le niegan los beneficios sustitutivos por no reunir los requisitos y se le condena al pago de un millón 637 mil 800 pesos por concepto de indemnización a la víctima indirecta y gastos funerarios.
En la etapa de ejecución de sentencia se establecería los daños causados a la otra víctima y lo relativo al daño causado al vehículo oficial que asciende a 110 mil pesos.
Se comentó que en su momento se presentará la apelación para que se analice en segunda instancia la sentencia dictada por los Jueces y el caso se turne ante los Magistrados de la Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior del Estado, al considerar que la sanción impuesta es muy baja y que sí existen los elementos necesarios para acreditarse un homicidio calificado.
(Armando Gamboa Romero)