La Fiscalía General del Estado demandó en la audiencia intermedia que sea condenado el Contador Martín Alberto Medina Sonda penalmente responsable del delito de feminicidio agravado y se le aplique la pena máxima que rige en el Estado, de 50 años de prisión, y el pago de la reparación del daño moral por el asesinato de la señora Emma Gabriela Molina Canto, por un monto superior a los 8 millones y medio de pesos.
Ayer por la tarde se verificó la audiencia intermedia, que es la antesala del juicio oral, donde las partes ofrecieron los medios de prueba a desahogar en el juicio oral, sin embargo, el proceso se suspendió en la apertura a juicio, derivado de la revisión del amparo que le fue negado al imputado contra el auto de vinculación a proceso.
Eso no fue impedimento legal para que se verifique ayer la audiencia intermedia en el Juzgado Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, a cargo del Licenciado Luis Mugarte Guerrero, misma que fue programada desde la semana, a pesar de que los defensores del acusado pedían que fuera diferida por un plazo de 10 días.
A través de un monitor se podía apreciar al imputado y un defensor a su lado por medio de la tecnología, ya que se encuentra preso en un penal de Tabasco.
Luego del relato de su presunta participación en los hechos, el Fiscal adscrito al Juzgado, Licenciado Ediel Zapata Solís, recordó el brutal asesinato de la señora Emma Gabriela registrado el pasado 27 de marzo del 2017, a las puertas de su domicilio marcado con el número 196 de la calle 28 entre la 39 y 35 del fraccionamiento San Luis, a manos de dos sicarios tabasqueños, que ya fueron sentenciados a más de 40 años de prisión por el delito de homicidio calificado y delitos contra la salud.
La parte agraviada, entre ellos la madre de la víctima, destacó que la petición de la defensa de que la audiencia fuera diferida sólo son actos de dilación para retardar la acción de la justicia, puesto que la acusación formal se presentó desde el 10 de mayo del 2018, o sea prácticamente ha pasado un año para que ofrezcan sus medios de prueba.
En la audiencia el fiscal demandó que en el Juicio se condene al acusado por el delito de feminicidio agravado, que se le aplique la pena máxima y se le aplique la multa máxima, el pago de la reparación del daño, la amonestación pública, que se le nieguen los beneficios y se le suspendan los derechos políticos.
La Fiscalía adscrita ofreció para el desahogo de pruebas 48 testimoniales, 15 periciales, 74 documentales, 33 materiales y físicas, y una prueba anticipada testimonial, la defensa por su parte ofreció sus respectivas pruebas.
El proceso se suspende hasta en tanto no se resuelva sobre la revisión del amparo promovido por la defensa del acusado.
(Armando Gamboa Romero)