La defensa pública de una persona acusada del delito de incumplimiento de las obligaciones familiares planteó en el Juzgado Primero de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida el beneficio de la suspensión condicional del proceso en favor del imputado, con un plan de reparación del daño por cerca de 100 mil pesos.
El Juez accedió a ese beneficio al estar de acuerdo todas las partes, pues cumple con todos y cada uno de los requisitos de procedibilidad que exige la normativa procesal para su admisión y se concedió por un plazo de 2 años.
En ese lapso el imputado deberá residir en un lugar determinado en el fraccionamiento Vista Alegre, a no acercarse a las víctimas directas y querellantes, a acudir a firmar cada mes al Centro Estatal de Medidas Cautelares y a un plan de reparación del daño por la cantidad de 96 mil 433 pesos.
En la audiencia se entregó la cantidad de 20 mil pesos como muestra de buena voluntad y se endosó la garantía económica que se le había fijado al ser vinculado a proceso penal, la cantidad restante se pagará en mensualidades y seguirá consignando la pensión alimenticia fijada por el Juez correspondiente.
El caso de incumplimiento en contra de David Enrique Campos se ventila en el Juzgado Primero de Control, a cargo del Licenciado Antonio Bonilla Castañeda y al imputado lo asesora la defensa pública, a cargo de la Licenciada Guadalupe Segovia, desde la fecha 14 de septiembre del 2018, cuando fue presentado por citación al Juzgado de Control, donde se le inició proceso penal por dicho delito denunciado por sus hijos.
(Armando Gamboa Romero)