Ante la confirmación de un caso positivo de coronavirus en un agente de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública, el pasado fin de semana las autoridades de dicha corporación y del Poder Judicial se dieron a la tarea de sanitizar las instalaciones del Centro de Justicia Oral de Mérida.
Según se dice la propia Secretaría de Seguridad Pública procedió a dar instrucciones para que las áreas donde laboran sus elementos en el edifico del Centro de Justicia fueran sanitizadas y se extremen las medidas de salud para evitar contagios del COVID-19, que ha enlutado a familias de policías en cumplimiento de su deber.
De la misma forma se comentó que se ordenó el reemplazo de los dos grupos de agentes que están asignados a los servicios del citado Centro de Justicia y a los dos turnos se les envió a sus casas a pasar la cuarentena, con la recomendación de no salir de sus domicilios y estar pendientes de su salud para recibir la atención requerida. Los funcionarios del Poder Judicial, así como los fiscales adscritos al Juzgado y defensores públicos, tienen que estar alertas y seguir con los protocolos necesarios, ya que se han estado llevando al cabo audiencias en las salas y aunque en algunos casos a distancia, el defensor tiene que estar cerca del detenido y la vigilancia oficial también.
Sobre todo ahora que dio inicio la apertura de distintos establecimientos no esenciales con la “Ola 1” y se observa un mayor movimiento en las calles.
El riesgo está latente, puesto que según dicen hay indicaciones para que se reactiven funciones a partir del día 17 de junio y faltó prevención, los plazos federales empezarán a contarse a partir del 15 de junio y eso obliga a los locales a reanudar labores.
Técnicamente los Juzgados de Control del Poder Judicial del Estado están condicionados a los plazos federales y eso es lo que ha alargado la contingencia en el Poder Judicial.
(Armando Gamboa Romero)