El hecho de sangre donde se vio involucrado un elemento de la extinta corporación de la Policía Federal Preventiva“PFP” (1999-2009), el cual fue relacionado con la participación en el secuestro y homicidio del hijo de un empresario ocurrido en el año 2004, aunado a las irregularidades del “actual abogado del pueblo”, por el incremento de presupuesto del 13 por ciento, comparado con el autorizado inicialmente, sin embargo, las deficiencias en las instituciones que preside continúan, reflejan un evidente desvió donde se ve beneficiado el funcionario.
Presuntamente, el ex federal quien contaba con el rango de suboficial asignado a Escárcega, Daniel García Pérez, el cual fue detenido, así como procesado por su presunta participación en el secuestro y posterior homicidio de Arturo Salvador Pérez Reyes, constructor tabasqueño.
La víctima fue privada de su libertad cerca de dos semanas, donde sus captores pidieron 400 mil pesos de rescate, cantidad que fue pagada, sin embargo, el monto económico no garantizo la vida del secuestrado, ya que días más tarde, el cuerpo de Pérez Reyes fue localizado incinerado en el interior de una camioneta en el ejido de Santa Lucía, en Calakmul.
En el proceso, el cual fue llevado a cabo por el actual fiscal Juan Manuel Herrera Campos, se supo que dicho proceso contra el ex agente, así como de otros tres más, se vieron “marcados” por diversas inconsistencias en su elaboración.
Daniel García Pérez, ex agente de la PFC, llegó al estado campechano en el año 2004, al tiempo que fue involucrado de manera irregular en un secuestro del constructor Arturo Salvador Pérez, ocurrido el mismo año en la entidad, en ese entonces el procurador de Campeche, Herrera Campos cometió diversas irregularidades extrajudiciales, como detenciones arbitrarias, falsificación de documentación, extorsiones, amenazas y falsos testimonios, esto para poder proceder en contra de los señalados.
Derivado a tales anomalías, las cuales fueron “aceptadas” por las autoridades legales en dicho año, provocó que se permaneciera cinco años recluido en la cárcel, tiempo en que su madre fallecería derivado a un cuadro depresivo originado por la captura y proceso de su vástago.
Situación que provocó una demanda por el daño moral que causó en ese entonces el procurador del estado de Guerrero, Juan Manuel Herrera Campos, quien actualmente se desempeña como Fiscal de Campeche, asimismo, en dicho proceso legal, señaló que tuvo una sentencia de 77 años de prisión, dictaminado por el juez de control el cual era “controlado” por Herrera Campos.
Por otro lado, el polémico funcionario de seguridad, cuenta con “extralimitaciones” desde que fue procurador de dos estados, pues ya fue señalado por agentes, peritos y funcionarios menores de las dependencias que presidia, como por ejemplo, el caso de un personal anónimo que exhibió las carencias en las agencias del Ministerio Publico, de la falta de servicios como luz, computadoras y de otros medios para realizar sus labores, sin embargo, esto solo era implementado como desvió de recursos.
A pesar de esto, la administración del Poder Legislativo le autorizó un presupuesto total por dos mil 611 millones 286 mil 750 pesos para la operación de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero de 2017 a marzo de 2021, sin embargo, obtuvo una ampliación por 338 millones 845 mil 652 pesos a lo largo de su administración. Lo que equivale al 13 por ciento del total del presupuesto autorizado inicialmente.
No obstante, las anomalías del auto denominado “abogado del pueblo” entran en ocho casos de tortura denunciados ante Derechos Humanos hasta la fecha, tiempo que la dependencia de seguridad se impone en el quinto lugar del presupuesto percápita más alto en el país, con base a estadísticas implementadas en el “Ranking de Procuradurías y Fiscalías”, también ocupa el lugar 22 en Ministerios Públicos locales por cada 100 mil habitantes, con 8.4, y el 19 en Policías Ministeriales locales por cada 100 mil habitantes, con 16.8.
Además, de usar a la FGE por el ex gobernador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, así como el actual gobernador Carlos Miguel Aysa González, para perseguir a los “enemigos de Campeche” y otros líderes sociales.
El año pasado el gobierno derrochó la cantidad de 289 millones de pesos en Servicios de Comunicación Social y Publicidad, para mantener bajo control a los medios de comunicación nacionales, regionales y locales, dinero que presunta se “filtro” de diversas dependencias entre las que resalta la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
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Referente a esto en el primer trimestre del 2020, la Secretaría de Gobierno gasto 55 millones 991 mil pesos en publicidad oficial, es decir, que en los meses de abril, mayo y junio, en plena crisis sanitaria, malgastó 58 millones 373 mil pesos para el pago de convenios, lo que evidenció las cifras de inseguridad, otorgadas por el Inegi en su “Encuesta Nacional de junio del 2021” donde se señala que el 41.5% de los campechanos y el 67% de los carmelitas se sienten inseguros en sus ciudades, 0.9% y 5.4% más que en marzo del 2021.
GH