Dos personas se suicidaron en el municipio de Kanasín, el primer caso ocurrió en una vivienda de la calle 10 entre 15-E y 15-D del fraccionamiento El Encanto, donde una madre encontró muerto a su hijo.
Se supo que la mujer salió de paseo y en la noche regresó a su casa, se asomó por la ventana y vio a su hijo suspendido del cuello. Empezó a gritar para pedir ayuda de sus vecinos, quienes rompieron la puerta y al entrar bajaron al joven, identificado como G.E.S.T., de 29 años de edad.
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Acudieron paramédicos de la Policía Municipal de Kanasín, pero sólo pudieron confirmar que el hombre ya no tenía signos vitales. Luego, personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cadáver para efectuarle la autopsia de rigor.
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Posteriormente, se supo de otro hecho en la colonia Santa Rosa, donde J.A.P.A., de 34 años de edad, se quitó la vida en su predio. En ese caso, la abuela del sujeto lo encontró ahorcado. Pidió ayuda y arribaron paramédicos, quienes sólo pudieron confirmar el deceso.
Con estas dos muertes autoinfligidas, el Estado suma 77 casos de las cuales 14 son mujeres y 63 hombres, en su mayoría por ahorcamiento, a excepción de dos del sexo femenino que ingirieron sobredosis de medicamentos, una niña de 12 años en el municipio de Maní y una adulta de 35 años en Progreso.
En el caso de los hombres, uno se aventó debajo de las llantas de un camión en el Periférico Poniente y otro se lanzó desde un puente en el Sur de Mérida.
Desajenado de su hijo
Ante el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, L.G.B.L. fue vinculado a proceso, luego que la autoridad judicial valoró los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que no aporta los recursos necesarios para la subsistencia de su hijo menor de edad.
Tras presentarse la denuncia correspondiente, que derivó en la causa penal 158/2022, los especialistas de la Fiscalía Estatal iniciaron con la indagatoria.
Según el expediente, el encausado y la denunciante tuvieron una relación y procrearon un hijo. Sin embargo, se separaron y años más tarde promovieron el divorcio voluntario, por lo que el Juez de lo Familiar sentenció al indicado al pago de 3 mil 800 pesos al mes por concepto de pensión alimenticia.
La cantidad que se modificaría conforme al incremento del salario. A pesar de la orden judicial, en el periodo que va del 2014 al 2020 el procesado ha sido omiso en proporcionar los aumentos correspondientes al incremento salarial anual, razón por la cual se interpuso la denuncia formal. El juez dictó el auto de vinculación a proceso y otorgó tres meses para el cierre de la investigación.
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CC