CAMPECHE, Cam, 11 de enero.- Por presuntos actos de corrupción y desvío de 25 millones de pesos en la celebración del Carnaval de Campeche, el Síndico Jurídico del Ayuntamiento, Alfonso Alejandro Durán Reyes, presentó una demanda de juicio político en el Congreso del Estado y una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en contra del ex Alcalde y actual secretario de Protección Civil, Edgar Hernández Hernández.
Tras presentar en la Secretaría General de la 63ª Legislatura la solicitud de juicio político, precisó que es en contra del anterior Presidente Municipal de Campeche, Edgar Román Hernández Hernández, por lo que esperan que los diputados analicen las pruebas que anexan para que se proceda de acuerdo a la legislación.
“Nos asiste la razón al plantear el juicio político y esperamos que el Congreso le dé, sin tintes de ningún tipo, el análisis de la documentación, de las pruebas que aportamos para que actúe de acuerdo a la normatividad ya que en la legislación actual de la Entidad sigue vigente este concepto, pese a las reformas y modificaciones que se hizo a la Ley de Responsabilidades Administrativas”, acotó.
Ante el argumento jurídico que determinó la solicitud de juicio político, detalló que Edgar Hernández no cumplió con la previsión en el pago de los aguinaldos pese a firmar con el Gobierno del Estado un convenio para destinar cuatro millones de pesos mensuales de los fondos federales para que se pudiera tener el monto para cumplir con este derecho constitucional.
“Lo cierto es que en los registros contables y presupuestales se hacía el registro de que se pagaban, pero presupuestalmente no se cubrieron esos montos, por lo que únicamente se hicieron dos pagos completos de cuatro millones de pesos cada uno y un pago de dos millones, en total se pagaron y se depositó en la cuenta de previsión 10 millones cuando el fondo debía ser de alrededor de 40 millones pesos”, denunció.
“Los recursos federales estaban comprometidos para el capítulo 1000 pero en lugar de abonarlo al mismo se pagaban a proveedores, un evidente desvío de recursos”, afirmó.
“El juicio político es únicamente por tratarse contra funcionarios de elección popular, por lo que es en contra del Alcalde pero las denuncias penales sí alcanzan a quienes operativamente tienen la responsabilidad de acuerdo a la normativa.
“Además, se establece que se puede presentar durante el periodo del funcionario y hasta un año después, para el actual municipio de Campeche, buscamos que se haga justicia”, sentenció.
Planteó que cuando una persona tiene a su cargo recursos públicos tiene que tener total transparencia y responsabilidad y debe dedicar el dinero para los fines a los cuales está presupuestado.
Demandan en la Fiscalía Anticorrupción
Posteriormente Alfonso Alejandro Durán Reyes acudió a la Fiscalía Anticorrupción, donde entregó también documentación para investigar el presunto desvío de recursos por un monto de 25 millones 801 mil 880 pesos que se destinó para gastos del Carnaval de Campeche 2018, los cuales fueron adjudicados de manera irregular a un sólo proveedor sin la debida licitación pública correspondiente.
En la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de José Angel Paredes Echavarría, entregó la documentación que sustenta la demanda para investigar posibles actos de desvío de recursos, uso indebido de atribuciones y facultades, o un posible peculado.
Los denunciados son los ex funcionarios Edgar Hernández Hernández, Jesús Quiñones Loeza, Diana Gabriela Mena Lezama, Rocío del Rubí Cruz Carrillo, Edgar Javier Sosa Illescas, y Diana Lorena Escalante Arceo.
Precisó que los 25 millones 801 mil 880 pesos fueron pagados a una sola persona, a un proveedor, sin realizar los procedimientos de contratación que establece la ley, en este caso por el monto debió ser a través de una licitación pública pero se omitieron esos procedimientos y se benefició a un proveedor con 25 millones para la organización de temas del Carnaval.
Además, indicó, que de los recursos de ese monto se tomaron de fuentes de financiamiento que no corresponden a los rubros que se pagaron, e inclusive 15 de esos 25.8 millones de pesos no fueron justificados.