El pasado 25 de septiembre el empresario Amado Yáñez Osuna tenía motivos para “celebrar”, pues luego de un proceso de más de cinco años el Juzgado Tercero de Distrito de la Ciudad de México dio por concluido el juicio mercantil 265/2014 de Oceanografía, tal como lo informaba él mismo en la red social de Twitter, de la que es un activo usuario.
Sin embargo, detrás de la supuesta victoria de Yáñez Osuna, quien acusa haber sufrido uno de los “embates más cruentos a los que cualquier persona o corporación se haya enfrentado en la historia de México”, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se encuentra también la historia de irregularidades y omisiones cometidas en un proceso mercantil llevado de la mano del juez Felipe Consuelo Soto.
El juzgador también implicado en el polémico caso de Mexicana de Aviación, y uno de los que más quejas tiene ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Felipe Consuelo, debió ser quien aprobara el convenio “con carácter de sentencia” del pasado miércoles 25 de septiembre, al ser quien llevó el caso desde que se abrió el concurso mercantil 265/2014 en abril del 2014, y quien ha estado empapado del tema al grado de favorecer al empresario por sobre cientos de trabajadores en pie de lucha.
Pero, extrañamente por parte del Poder Judicial, trascendió que no fue Consuelo Soto el que determinó concluir con el juicio mercantil de Oceanografía, ya que tanto él como su secretaria de acuerdos Thelma Aurora Méndez Domínguez se encontraban de vacaciones, y desde hace al menos dos semanas se dejó a cargo a Silvia Danae Pérez Segovia como secretaria y temporalmente encargada del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, que aprobó el actual convenio que saca a Oceanografía de la quiebra.
Síndico ya no
estaba desde 2018
Mediante un comunicado “tuitero”, Yáñez Osuna presumió que con la sentencia “cesarán de funciones los órganos del concurso mercantil”, es decir el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) del SAT, con lo que vuelve a tener el control de la empresa, además de que fue “avalado” por más el 61.53 por ciento del total de acreedores reconocidos, y más de 30 por ciento de acreedores comunes.
No obstante, los principales acreedores afectados, obreros en pie de lucha, advierten que nuevamente se trata de información manipulada para engañar a la opinión pública, presumiendo el regreso de Oceanografía.
Recordaron que Amado Yáñez siembre ha tenido el control sobre la empresa desde enero del 2018, cuando de la mano del juez Felipe Consuelo Soto ya se había dado por terminado el concurso y se declaró a Oceanografía fuera de la quiebra.
Fue el 12 de enero del 2018 que el mismo Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, bajo la batuta de Consuelo Soto, ya había avalado un convenio concursal con el que el síndico del SAE, Sergio Hermida Guerrero, restituyó la empresa a Yáñez Osuna.
Y aunque un año después, el pasado abril del 2019 Oceanografía sufrió un revés, cuando fue admitido un amparo del Grupo Banamex División Fiduciaria, en contra del mismo convenio concursal del 2018, con el cual nuevamente se debía entregar la empresa al depositario legal, es decir el SAE, nunca se hizo y desde entonces Yáñez Osuna ha tenido el poder de la empresa.
Por ello consideran una falacia lo esbozado por el polémico empresario, “el síndico ya no estaba desde 2018, luego del amañado convenio concursal que denunciamos en su momento, cómo es que ahora pretenden hacer creer que le van a devolver la empresa, siempre tuvo la empresa bajo su poder, y recordemos que desde enero de 2018 a la fecha cómo se ha lucrado con bienes incluso embargados, como son los barcos que ya chatarrearon”.
Así mismo, detallaron que, tal como han hecho público, se cometieron diversas irregularidades que podrían ser consideradas un fraude concursal, al reconocerse como acreedores a las mismas empresas en las que Yáñez Osuna o directivos de Oceanografía fungen como accionistas, lo que se abordará en próximas entregas de este medio de comunicación.
Es así que señalan que aún podría revertirse el nuevo convenio con carácter de sentencia, pues existe mucha inconformidad por parte de acreedores.
(Texto y fotos: Redacción /
POR ESTO!)