Las rupturas de poder y alianzas en secreto sobre las altas esferas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) serían el aviso de salida de José Antonio Ruz Hernández de la rectoría de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), siendo uno de los implicados en temas de contratos terciados con Petróleos Mexicanos (PEMEX) por más de 2 mil millones de pesos; mencionados en el afamado trabajo nacional de investigación periodística “La Estafa Maestra”, tomado en cuenta por las autoridades federales para investigaciones penales contra corruptos como el que era su protector, Alejandro Moreno Cárdenas.
Contratos contra trabajadores
Una lesiva y bien planeada modificación al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) dañó los intereses de los trabajadores pero no de los que mandan en el interior de Rectoría de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), no el rector.
Más de 12 millones de pesos desde 2018 han sido entregado a Grupo Gema de Vigilancia y Protección Especializada S.A. de C.V. a cambio de servicios de “seguridad particular” en la Institución.
Ruz Hernández prefiere mantener vigentes contratos anuales de más de 6 millones de pesos por “vigilancia privada” con una misma empresa en vez de ordenar el pago que le debe la institución a los trabajadores por el aumento salarial del 3.35 por ciento.
Grupo Gema es una de sus empresas favoritas con la que ha sacado mediante el manejo de su hermano, Carlos Ruz Hernández, más de 12 millones de pesos desde 2018.
Esos mismos millones son los que faltan por depositar a las cuentas de los todos los trabajadores universitarios acorde al aumento salarial que marca el CCT y la revisión contractual del año pasado.
Con esto, Ruz Hernández entra en desacuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en su Artículo 3, Fracción VI, se entiende por conflicto de interés: “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
Así mismo, en su Artículo 49, Fracción ix, la misma LGRA detalla que incurrirá en falta administrativa el servidor público que no se cerciore, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de bienes y prestación de servicios, o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular no incurre en conflicto de interés, por lo que al estar un familiar directo incrustado en la empresa en cuestión se estaría cayendo en el Artículo 3 de dicho marco legal.
Acorde a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su Artículo 50 Fracción I, señala que: “Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios…”.
Millones en contratos
Como rector a Ruz Hernández le tocó administrar 2 mil 739 millones 951 mil 516 pesos que recibió la Institución por 17 contratos costa afuera con Petróleos Mexicanos (PEMEX) entre 2012 y 2015.
Estos convenios, ninguno trasparentado por la UNACAR, son los que involucran a Ruz Hernández directamente con la Estafa Maestra, así como a su secretario general, Javier Zamora Hernández. La UNACAR fue una de las recabadoras de recursos más importante mediante la captación de contratos multimillonarios con la Empresa Productiva del Estado con más de 360 contratos desde 2008.
Cuando Ruz Hernández toma la Rectoría de la institución en agosto de 2013, la UNACAR contaba con el respaldo por lo menos, de 295 millones 510 mil 323 pesos de tres contratos con PEMEX Exploración y Producción (PEP) 422181800, 428811807 y 428812804.
La UNACAR, al igual que la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM), donde estuvo Zamora Hernández, “triangularon” contratos con una tercera empresa que era la que se “comprometía” a apoyar la ejecución de los trabajos porque siempre ha sido evidente que las instituciones no cuentan con la capacidad para cumplir con los servicios que demanda PEMEX.
Este proceso lo inició la UNACAR desde periodos rectorales anteriores y aunque Ruz Hernández estuvo al frente de la administración de ese dinero nunca informó a dónde se invertía.
Investigaciones como la de la Estafa Maestra, reveló en 2018 que muchos de los contratos que signaron universidades con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y PEP, específicamente en la UNACAR y UTECAM no hay evidencias reales de su cumplimiento.
El 16 de ese mes puso en ridículo a la institución protagonizando el “chantaje nacional” de Carmen junto con otras universidades contra el Gobierno Federal ordenando el paro de labores ese día ordenó a los empleados de la Institución a hacer una paro de labores coordinado previamente con 12 universidades estatales, la mayoría involucrada en actos de corrupción también en la Estafa Maestra.
Las instituciones pretendieron presionar para que les den 17 mil millones de pesos así, un depósito bancario a una cuenta de universidades para cumplir con desajustes en su presupuesto causado por sus malos manejos administrativos.
Los adeudos contables de la Institución con los empleados son por concepto del aumento salarial contractual del 3.5 por ciento que desde el año pasado que se aprobó no se ha cubierto y el a punto de fenecer, Fondo de Pensiones y Jubilaciones que en abril se vacía.
Cambios
Derivado de cambios que se llevarán a cabo a nivel estatal como parte de reajustes e investigaciones contra simpatizantes y protegidos de Alejandro Moreno Cárdenas, ponen en duda la permanencia en el cargo de Ruz Hernández.
De acuerdo a los estatutos de la UNACAR, si Ruz Hernández cumple ocho años en el cargo sería jubilado como rector por estar dos periodos de cuatro años y la Institución estaría obligada a dárselo de por vida.
(Texto y fotos: Redacción POR ESTO!)