En este mes la base sindical laboral de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) deberá emplazar a huelga a la institución para solicitar la revisión contractual donde deben aprobar el aumento salarial del año siguiente; sin embargo, el corrupto rector, José Antonio Ruz Hernández, no ha hecho retroactivo el alza salarial.
Acorde a los estatutos del Sindicato y del Contrato Colectivo de Trabajo, los trabajadores deben emplazar a huelga a la instituían a finales de noviembre para que se apruebe el aumento del próximo año.
En el procedimiento del año pasado, se modificaron dolosamente los estatutos para que la UNACAR a cargo de Ruz Hernández, le cumpla como le dé la gana a los empleados, ya que si no recibe el dinero por algún “ingreso extra” no podrá hacer el pago.
Con esta medida la UNACAR queda absuelta de hacerse responsable del aumento del 3.5% que cada año se venía ejecutando de forma habitual.
POR ESTO! ha documentado desde el mes de agosto la negativa de Ruz Hernández para cumplir con una gestión real y que resuelva el boquete financiero que esto le representa a su corrupta administración.
Fondo de
Pensiones también
Los trabajadores universitarios también perderán su Fondo de Pensiones y Jubilaciones porque José Ramón Magaña Martínez, secretario general del SUTUNACAR -más preocupado por sus aspiraciones partidistas- les dio la espalda y no ha tomado acción para presionar al rector.
Magaña Martínez incluso podría haber pactado docilidad a cambio de algún beneficio perjudicando primeramente a los trabajadores con omisión, parte de la corrupción que el Gobierno Federal desea eliminar.
Acorde a datos filtrados de la UNACAR, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones fenece en abril del próximo año. De este recurso, mensualmente casi la mitad se le deposita a pensiones de ex rectores que cumplieron dos periodos de cuatro años como lo que quiere hacer Ruz Hernández para él si pensionarse también.
Despilfarro
Desde que Ruz Hernández tomó el poder en 2013, la UNACAR ya gozaba de una bonanza por contratos con Petróleos Mexicanos (PEMEX) que desde hace un año vincularon a la Institución en la Estafa Maestra.
Tan solo del inicio del periodo del actual rector a 2016, la Universidad recibió más de 2 mil millones de pesos en contratos que supuestamente ejecutó a la Empresa Productiva del Estado.
Desde el 2018 Ruz Hernández pagó más de 12 millones de pesos a Grupo Gema de Vigilancia y Protección Especializada S.A. de C.V., empresa que otorga servicios de “seguridad particular”.
Ruz Hernández hasta el momento no ha aplicado medidas como recortes de salarios a altos funcionarios como él, ajustes a gastos corrientes y cancelación de absurdos contratos como el que mantiene vigente -C/UNACAR/LP/SRV/003/06/2019- con Grupo Gema donde su hermano podría estar a cargo del negocio.
Quiénes son
“Grupo Gema”
Trabajadores anónimos de la UNACAR denunciaron en meses pasados una supuesta relación familiar entre Ruz Hernández y Grupo Gema que renovó su contrato millonario de “seguridad privada” 2019 con la Institución.
Familiares de funcionarios de la oficina del Rector podrían estar incrustados en puestos claves de esta empresa que recibirá este año 6 millones 612 mil 557 pesos con 38 centavos, acorde al contrato C/UNACAR/LP/SRV/003 /06/2019.
Personal universitario señaló a Carlos Ruz Hernández como hermano del Rector de ser el contador de Grupo Gema ya que es él quien acude a los planteles de la UNACAR pagar las miserables semanas a sus vigilantes.
Contra la Legislación
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en su Artículo 3, Fracción VI, se entiende por conflicto de interés: “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
Así mismo, en su Artículo 49, Fracción ix, la misma LGRA detalla que incurrirá en falta administrativa el servidor público que no se cerciore, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de bienes y prestación de servicios, o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular no incurre en conflicto de interés, por lo que al estar un familiar directo incrustado en la empresa en cuestión se estaría cayendo en el Artículo 3 de dicho marco legal.
Acorde a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su Artículo 50 Fracción I, señala que: “Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios…”.
(Texto y fotos: POR ESTO!)