Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan la trama de irregularidades cometidas por la pasada administración federal a raíz de la trágica explosión del complejo Abkatún-A (Alfa), ocurrido el 1 de abril del 2015, con el procedimiento para la sustitución de la infraestructura mediante la plataforma Abkatún-A2, en la que se incurrió en diversas anomalías como violación a los tiempos de ejecución, no cumplir con los objetivos planteados para la contratación y pagos en exceso dentro de esta inversión millonaria realizada hacia la segunda mitad del fallido Gobierno Federal del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Como parte de la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2018, la ASF dio seguimiento al proyecto de inversión “Integral Chuc” de Petróleos Mexicanos (PEMEX), proyecto en el cual se incluyó el “Diseño, ingeniería, procura, construcción, transporte, instalación, pruebas y puesta en operación de la plataforma de producción Abkatún-A2”, para instalarse en la Sonda de Campeche y que contó con una inversión de 4 mil 310 millones 53 mil pesos.
Antecedentes
De acuerdo con la auditoría de cumplimiento a inversiones físicas 2018-6-90T9G-22-0456-2019 456-DE, la pasada administración federal planteó el proyecto de sustitución de infraestructura ante el compromiso de entregar 800 mil barriles de petróleo a la exportación vía costa fuera de los campos de los activos de producción Cantarell y Ku Maloob Zaap, esto debido a la salida de operación de la plataforma Abkatún-A permanente, ocasionada por la explosión registrada en el 2015, pues se complicó en un nivel de alta vulnerabilidad la logística de la empresa Exploración y Producción (PEP) para completar la cuota prevista, con el consiguiente incumplimiento de la meta establecida y la merma en la captación de divisas.
Debido a ello, se implementaron medidas de urgencia estratégica para que las instalaciones recuperaran su capacidad de procesamiento y se proyectó la construcción e instalación de la plataforma de producción Abkatún-A2 (PB-ABK-A2), y con ese propósito, mediante procedimiento de invitación restringida a tres personas internacional, se adjudicó a la contratista J. Ray McDermott de México S. A. de C. V. el contrato de obra a precio mixto número 640836802, formalizado el 23 de junio de 2016 con un plazo contractual de 900 días naturales, comprendidos del 23 de junio de 2016 al 10 de diciembre de 2018, que no se cumplió, y un monto contratado de 1 mil 717 millones 844 mil pesos y 378 millones 305 mil dólares.
Desde el 2016, la ASF ha revisado los procedimientos de planeación, programación, presupuesto y contratación, debido a que no se habían realizado los primeros pagos al contratista y la obra se encontraba en la etapa de diseño. Aquel primer año, la Auditoría Superior determinó que PEP no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables.
Entre los incumplimientos destacan la falta de mercadeo de los insumos utilizados en las propuestas de las contratistas, subcontratación de trabajos de ingeniería fuera del plazo establecido en el contrato, subcontratación de trabajos diferentes a los indicados en el contrato, además, PEP evaluó y autorizó órdenes de compra sin contar con la información completa que justificara las ofertas comerciales y el cuadro comparativo de ofertas, y realizó una deficiente supervisión, evaluación, autorización y control del fincamiento de equipos de instalación permanente y largo proceso de fabricación, debido a que la contratista incumplió el plazo establecido para el fincamiento y la entrega de las órdenes de compra respectivas.
Irregularidades,
de principio a fin
Cabe mencionar que el diseño, desarrollo e instalación de la plataforma Abkatún-A2 fue uno de los pendientes e irregularidades a los que ha debido hacer frente la nueva administración federal, que es la que ha tenido que solventar las observaciones ya que dicha plataforma no fue entregada sino hasta ya instalado el nuevo Gobierno Federal.
En lo que corresponde al pasado ejercicio fiscal del 2018, la revisión se centró en las etapas de construcción, transporte e instalación de la plataforma PB-AKB-A2, su arribo al sitio en que se instalaría fue hasta el 22 de noviembre de 2018; posteriormente, con fecha 7 de diciembre de ese año, se celebró el convenio modificatorio núm. 1 para ampliar el plazo del contrato en 43 días naturales, por lo que el periodo de ejecución ascendió a un total de 943 días naturales, comprendidos del 24 de junio de 2016 al 22 de enero de 2019.
En sus resultados, la ASF insiste en el incumplimiento de los plazos de ejecución de este proyecto, establecido en 900 días naturales, pero sin que se contara con el análisis y la justificación técnica que considerara la complejidad, características y magnitud de la obra, el manejo de imprevistos, los análisis de riesgos, las condiciones de mercado, entre otros aspectos.
Es así que PEP incumplió con los alcances, objetivos y metas del contrato de obra, consistentes en alcanzar una producción máxima de 220 mil barriles de petróleo diarios de crudo ligero y de 352 millones de pies cúbicos por día de gas en la fecha convenida.
Pero, el más grave de los señalamientos es que en su Pliego de Observaciones la ASF presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1 millón 484 mil 483.91 pesos, por pagos indebidos realizados en la partida de “Gastos reembolsables”, con periodos mensuales comprendidos de marzo de 2017 a abril de 2018, bajo responsabilidad de la administración de Enrique Peña Nieto.
Esto en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.
Por tal motivo, en la ejecución del proyecto para la plataforma Abkatún-A2, que a la fecha de la revisión (julio de 2019) no se han concluido los trabajos, se determinaron 12 resultados de los cuales apenas 2 fueron solventados, y los restantes generaron 6 recomendaciones, 7 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios que resultan responsable y un pliego de observaciones.
(Texto: Carlos Valdemar /
Fotos: Especial)