Datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelaron que el recién nombrado director de la Administración Portuaria Integral (API) en el Estado, Carlos Eduardo Ortiz Piñera, firmó por la dependencia un “contrato en blanco” para Antonio Sifuentes Valles, mismo que se lo adjudicó -irregularmente- directamente, sin licitación, por 1 millón 989 mil 478 pesos.
Este servicio –contrato: ISLADELCARMEN/E-SROP/005/2019- que se ejecutó supuestamente del 18 de septiembre al 21 de noviembre de este año fue etiquetado como un “estudio geotécnico, geofísico y de revisión estructural de un tramo del muelle en la zona de ampliación del Puerto Isla del Carmen, Campeche”.
Excediendo la cantidad de alrededor de medio millón de pesos, monto a partir del que por más se debe licitar cualquier obra o servicio, es uno de los indicadores de irregularidad detectado primeramente.
Desde la PNT también se accedió al contrato, o lo que se suponía que era el contrato entre la API representada por Ortiz Piñera y Sifuentes Valles, pero al hacerle la revisión correspondiente el solo el nombre del contratista no estaba ni siquiera escrito.
Ortiz Piñera hizo la faramalla con su clan de secuaces al frente de la API y firmaron el documento él y como testigos Lydia Helena Marquart Lliteras, directora administrativa; Freddy Domingo Chan Fernández, director de Infraestructura y Mantenimiento; y Alejandra del Jesús Ruiz Gala, directora del Jurídico del API.
En la parte donde dice “el contratista” está vacío, no hay nombre ni firma, tampoco hay más datos de la identidad o la dirección de Sifuentes Valles porque no está en el falso contrato que subieron a la PNT.
“Sustento legal”
En “el dictamen” por el que la obra no se licitó, Ortiz Piñera ordenó a su equipo de profesionales que no dejara rastro y justificara con “sustentos legales” por qué no se licitó ese servicio.
Mediante argucias legaloides y solo con cumplir los protocolos de “subir información” sin ser precisamente la correcta, es como Ortiz Piñera se valió para fugar casi 2 millones de pesos con un “contrato legal”.
En una consulta a los artículos y fracciones que la justificación de Ortiz Piñera cita a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Presupuesto 2019; la Constitución Política del Estado de Campeche; y la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, no coincidían con ninguno que justificara cabalmente el motivo de la adjudicación directa.
El equipo de profesionales jurídicos que elaboran los documentos legales de la API, fue demasiado torpe al justificar no licitar el servicio por motivos de Seguridad Nacional como lo advierte en una de sus “citas legales”.
Mal heredado
Estas prácticas se las heredó a Alejandro Enrique Manzanilla Casanova, quien estuvo al frente de la API pero que renunció a mediados de este año por estar involucrado en temas de corrupción y ser de la camarilla de Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e investigado por la Fiscalía General de la República por corrupto también.
Manzanilla Casanova mientras estuvo al frente del API nunca hizo públicos los contratos de arrendamiento extendidos a las empresas que se establecieron en el Puerto de Carmen.
A la fecha, la API en el Estado y en Carmen también sigue siendo una dependencia de puertas cerradas donde lo que menos les interesa a quienes están al frente actualmente también, ocultar información pública que los compromete en actos de corrupción.
(Texto y fotos: Redacción / POR ESTO!)