Comerciantes afectados por el Gobierno ilegítimo del priísta Oscar Rosas González denunciaron ante Contraloría Municipal los abusos de poder de los cuales han sido víctimas por parte de funcionarios del Ayuntamiento, así como por el aumento indiscriminado en diversos permisos que, aseguran, laceran la economía familiar.
Por abuso de autoridad, excederse en sus facultades e incurrir en la violación de Derechos Humanos, fueron denunciados ante la Contraloría Municipal, la directora de Desarrollo Urbano, Celina Santos Alayola; el director de Obras Públicas, Espartaco Acevedo Coronado, y el coordinador de la Zona Federal Marítima y Terrestre (Zofemat), Miguel Martín Lanz.
Como se recordará, el pasado 31 de enero, los funcionarios municipales incurrieron en el desalojo arbitrario del puesto de cocteles de la señora Cruz Sosa Pineda en el área del Malecón Costero.
En dicho documento, la afectada señala que desde el 2015 tenía su puesto de comida, mismo que contaba con el permiso emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autoridad competente para emitir dicho consentimiento por tratarse de una Zona Federal.
Lo anterior, sin recibir un citatorio previo, personal del Ayuntamiento llegó junto con tres patrullas de la Policía Estatal, ocho elementos de Obras Públicas, dos de Desarrollo Urbano y cuatro inspectores de la Zofemat, quienes rompiendo candados, desmantelaron su pequeño negocio.
A pesar de que la afectada en todo momento ha contado con el permiso temporal para el uso transitorio para ejercer el comercio, todas sus pertenencias fueron decomisadas.
Ante ello, Sosa Pineda, el pasado 24 de febrero denunció penalmente a los funcionarios por el abuso de autoridad al destruir su fuente de empleo, con la finalidad de que se investiguen los actos por la forma en que fue desalojado de la porción del terreno que utilizaba para su negocio.
De igual manera, el abogado Miguel Cicler Pérez levantó su respectiva queja por el desalojo del cual fueran víctimas el pasado 17 de febrero varios comerciantes en el Malecón de la Ciudad.
En dicho sentido, Cicler Pérez señaló que los agraviados no solamente vieron vulnerados sus derechos, sino que también ahora deben de cubrir un derecho de piso, que cuadriplica el costo del establecido en años anteriores, al pasar de 500 a 2000 pesos.
(Redacción / POR ESTO!)