4AMPECHE, Cam., 29 de marzo.- Es condenable que la empresa Grupo Porcícola Mexicano (Kekén) y empresarios yucatecos hayan promovido la construcción de una macrogranja porcina en Dzitbalché, sin haber consultado antes a los pobladores de la zona y sin que se explicara cómo será afrontado el tema de las afectaciones ambientales, expresó Nehemías Chi Canché, titular en el Estado de Campeche del Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI).
“En primer lugar, nosotros tenemos la obligación de apoyar a todas nuestra población indígena, en este caso a los ejidatarios de Calkiní, de Dzitbalché y Bacabchén, que me imagino que son los que están inmersos en este problema, porque tengo entendido que hay cuatro áreas donde pretenden hacer esta cría de cerdos.
“No estamos en contra de que se establezcan módulos de desarrollo, pero también los empresarios deben entender de que nuestra población indígena merece respeto”, añadió.
Declaró que los empresarios, antes de comenzar un proyecto como el que tienen pensado emprender en la ex hacienda La Mercedes, deben de realizar un consenso con las poblaciones cercanas, en este caso con los pueblos indígenas, además de medir el daño ambiental que puedan ocasionar, para que no se intensifique la afectación que ya de por sí se le hace al ambiente.
Asentó que la dependencia nacional está dispuesta a proteger y ayudar a los ejidatarios de Dzitbalché, porque entienden en qué situación se encuentran, ante una empresa como Kekén que quiere afectar gravemente las regiones, sin importarles las personas que ahí habitan.
“No podemos soslayar ese hecho, tenemos que impulsar a nuestra, gente, tenemos que apoyar a nuestra gente, nosotros estamos a favor de la consulta, que los empresarios respeten; ellos tiene dinero para votar, pero eso no indica que tienen el derecho de no respetar a nuestra población indígena”, aseveró.
Chi Canché comentó que el INPI puede apoyar desde el aspecto jurídico, cuando exista una denuncia, para que le puedan dar seguimiento, por lo que espera que en los próximos días los pobladores se acerquen para que se analice qué procedería con la petición hecha a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Sí, hasta ahorita hemos visto las denuncias a través de los medios de comunicación; en el momento en que se acerquen aquí, vamos a darle seguimiento. Es más ya capturamos toda la información que va saliendo, los estamos esperando porque van a venir, porque estoy seguro que van a venir, porque nuestra misión es apoyar y protegerlos a ellos”, finalizó.
Legislatura, interesada
en apoyar a ejidatarios
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura, Antonio Gómez Saucedo, mencionó que no es necesario que sean indígenas para que se les consulte si en realidad quieren la instalación de las granjas porcícolas en Dzitbalché.
“Creo que no precisa el hecho de que sean indígenas o no para tener el derecho de que se pueda restablecer una consulta en el sentido de que pueda ser vinculativa para la instalación de estas granjas”, agregó.
Especificó que han estado hablando entre todos los legisladores y decidieron que la Comisión de Medio Ambiente debería ser la encargada de revisar el tema, por los daños que los ejidatarios reiteraron en su documentación y expresiones verbales.
Manifestó que a pesar de esa decisión, las dos comisiones podrán converger en el análisis de la situación, porque no es el caso dejar desprotegidos a los pobladores de Dzitbalché, cuando están pidiendo ayuda.
“Pueden converger, tenemos que esperar el planteamiento que nos pueda hacer la comunidad de Dzitbalché que es la más afectada, hemos estado ahorita en pláticas con nuestra dirigente municipal en Calkiní, con la maestra Neida Sosa, para que se aboque en escuchar el sentido de los compañeros y nosotros podamos hacer un planteamiento”, puntualizó.
(David Burelo)