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Aunque eran cuatro las etapas proyectadas inicialmente para la construcción de la Sala de Juicios Orales de Ciudad del Carmen, tal como lo anunció el ex Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas -allá en el lejano 2015- cuando colocó la primera piedra de la maqueta que dejó inconclusa, el nuevo Mandatario Carlos Miguel Aysa González, soltó la chequera para una quinta etapa, pese a la dudosa ejecución de los trabajos previos que no han sido entregados, con los que se ha beneficiado una única empresa de estirpe priísta en cada uno de los múltiples procesos de licitación pública.

A casi cuatro años de iniciada la obra por parte de la empresa Herarsa Construcciones, es evidente el retraso en la ejecución de las etapas, violando lo estipulado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (SEDUOPI), sin ser sancionada, al estar vinculada a familiares del priísta Carlos Arjona Gutiérrez, actual secretario de la Comuna carmelita y ex funcionario estatal.

Sin importar que la cuarta etapa esté inconclusa aún, el 20 de junio, la SEDUOPI publicó en medios impresos la convocatoria para la quinta etapa por un capital requerido de 5 millones 500 mil pesos, lo que supondrá un nuevo plazo de ejecución de 158 días naturales que se sumarán a los tres años nueve meses que lleva desde que se puso la primera piedra en septiembre del 2015; aunque cabe apuntar que hasta el día de ayer, el procedimiento no existía en el sitio CompraNet (compranet.hacienda.gob.mx), abonando más a la opacidad.

“PRIvilegiados”

Es preciso recordar la historia reciente de otra de las promesas incumplidas por Alejandro Moreno Cárdenas, quien antes de huir de sus responsabilidades estatales presumió que a “Campeche y a Carmen se le cumple”, pero en la Isla persisten las “maquetas” inconclusas.

La retrasada ejecución de la Sala de Juicios Orales ha resultado un jugoso negocio para la empresa constructora Herarsa Construcciones S.A. de C.V., ganadora de cada una de las millonarias licitaciones, y propiedad de Gabriel Jesús Arjona Sánchez, familiar de Carlos Arjona Gutiérrez, ex subordinado del hoy Gobernador Carlos Aysa, mismo que sacó la nueva convocatoria con evidente favoritismo a la empresa que ha llevado los trabajos.

En septiembre de 2015, Herarsa Construcciones se adjudicó la licitación pública para la primera etapa LO-904012996-N23N-2015, por 27 millones 258 mil 259 pesos, que incluía la preparación del terreno, desmonte y trabajos preliminares y que fue entregada con retraso del plazo de 71 días naturales.

Un año después, en agosto de 2016, la empresa de Gabriel Jesús Arjona volvió a ser la elegida en la licitación LO-904012996-E55-2016, por 22 millones 667 mil 437 pesos para la segunda etapa que incluía la cimentación, y también con retrasos. En 2017, la licitación LO-904012996-E112-2017, por 19 millones 919 mil 120 pesos, para la tercera etapa, también para Herarsa Construcciones.

Y finalmente, pese a que hasta el año pasado no había sido finalizadas cabalmente ninguna de las etapas previas, la empresa del priísta Arjona Sánchez volvió a ser privilegiada, en pero ahora a manos llenas época electoral, con el contrato de junio de 2018 por 45 millones 955 mil 295 pesos para la ejecución de la cuarta etapa, que se suponía sería la última, LO-904012996-E130-2018.

En total, hasta el momento van más de 115 millones 800 mil 111 pesos en la inacabada Sala de Juicios Orales a un único beneficiario, pese a los múltiples procesos de licitación.

El hoy Gobernador Carlos Aysa visitó la obra inconclusa el pasado mes de febrero y presumió que iba en un 95 por ciento, pero que requeriría más millones de pesos de presupuesto público estatal, a una semana de su mandato ya soltó la convocatoria SEDUOPI/SSOP/PE/E05/2019, que todo indica será otorgada a la misma empresa “PRIvilegiada”, sin importar sus retrasos y contratiempos, resultando los procesos de licitación pública pura simulación amañada, en prejuicio del sector local de la construcción desplazado por “influyentismos”.

(Texto y fotos: Carlos Valdemar)

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