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El caso Oceanografía volvió a sonar en el Senado de la República este miércoles 26 de junio, luego de que la Legisladora de MORENA, Claudia Balderas Espinoza, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a atender y ejecutar acciones a favor de los derechos laborales de los trabajadores y ex trabajadores de la empresa, quienes desde el 2014 han vivido un calvario para la obtención de la justicia laboral, enfrentándose desde el entorpecimiento de las autoridades, hasta francas amenazas contra sus vidas por parte de representantes del empresario Amado Yáñez Osuna.

El punto de acuerdo fue avalado y pasó a comisiones para su discusión sobre las medidas encaminadas a buscar una solución principalmente para los obreros, quienes son preferentes de derecho y pese a ello, desde el sexenio pasado sólo han encontrado trabas tanto en el pasado Gobierno Federal como en las autoridades laborales del Estado de Campeche.

Historial de corrupción

En su exposición de motivos, la senadora Balderas Espinoza expone el largo historial de Oceanografía S.A., empresa que creció exponencialmente a la par de la “corrupción blanquiazul” durante dos sexenios, el de Vicente Fox Quesada y el espurio Felipe Calderón Hinojosa; desde aquellos años la empresa se vio envuelta en sospechas de defraudación y falseo de información para obtener millonarios contratos con Petróleos Mexicanos, pero su suerte cambió con la administración de Enrique Peña Nieto, dejando a más de 11 mil empleados en la incertidumbre.

“Para el año 2002 se convirtió en la principal naviera de nuestro país, durante los sexenios de los ex Presidentes Vicente Fox Quezada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), obtuvo de la paraestatal un importante número de contratos que facilitaron su expansión. Sin embargo, en las revisiones de la cuenta pública de PEMEX en los años 2005, 2006, 2007 2008 y 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró graves irregularidades en la forma de operar de la empresa, motivo de observaciones, mismas que fueron hechas del conocimiento a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados”, señala el documento publicado en la Gaceta del Senado de la República.

Durante 2006, al identificar pagos con sobreprecio por la renta de buques, motivó una denuncia ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y la creación de una comisión en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las observaciones de la ASF. No obstante, durante la “docena trágica” del PAN, venció la impunidad y las sospechas jamás prosperaron.

No fue sino hasta el 2014, cuando de nueva cuenta salieron a relucir malos manejos y presuntos fraudes de Oceanografía, “la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó de los procesos de contratación del Gobierno, luego de que PEMEX encontrara ciertas irregularidades en contratos, como fianzas inferiores a las debidas”, se detalla.

La empresa fue asegurada por la PGR, y su administración pasó a manos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) a partir de la quiebra del 2014; todo para que de nueva cuenta imperara la impunidad, pero ahora en la era “Peña Nieto”, y durante el 2018 se le restituyó la empresa mediante argucias legales a Amado Yáñez.

Reconoce que el SAE, que estaba obligado al mantenimiento todos los bienes en buen estado, y procurar el buen funcionamiento de la empresa y conservar, principalmente, la fuente de ingresos de los 11 mil trabajadores, no cumplió, provocando el deterioro de los bienes en garantía de la fuente de empleo de los trabajadores, situación evidente con los barcos encallados frente a las costas de Carmen.

Derechos vulnerados

Por todo ello, la senadora Claudia Balderas reconoce las quejas de los trabajadores de Oceanografía, por diversas violaciones a sus derechos humanos, sobre todo al derecho humano al trabajo, pues refieren condiciones de trabajo inadecuadas en las instalaciones y embarcaciones desde que la empresa comenzó a ser administrada por el SAE y la fecha se desconoce por si las autoridades han atendido a la situación que enfrentan los trabajadores de la naviera, así como sus ex trabajadores.

La legisladora menciona que medios de comunicación nacionales y locales, como POR ESTO!, han expuesto la situación de más 4 mil trabajadores que siguen sin su pago de liquidación por parte de la empresa desde hace casi 5 años. Así mismo, hace referencia al trabajador Rafael Serrano Frías, quien ha defendido sus derechos y los de sus compañeros ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien manifestó que todo este asunto es “todo un mosaico de corrupción y los trabajadores hemos seguido la defensa de nuestros derechos”, pese a que desde mayo del 2018 todos sus procesos están prácticamente congelados.

Y que desde que le fue devuelta la empresa a Amado Yáñez se han dado situaciones irregulares que han desembocado en las quejas ante la CNDH, con los números de expedientes CNDH/6/2016/6270Q y CNDH/6/2017/1617/0D, acusando al SAE, a Oceanografía y a las autoridades laborales del Estado de Campeche, por la violación a los derechos humanos y laborales.

Finalmente, se acuerda a que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte de manera respetuosa a la titular de la STPS federal, para que informe si se ha dado seguimiento al caso de los trabajadores de la empresa Oceanografía, relativo a la violación de sus derechos, falta de pago de indemnizaciones correspondientes y respeto de sus condiciones de trabajo. Así mismo, que se lleve a cabo una revisión de las condiciones actuales de los miles de afectados, y se decreten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del pago de salarios e indemnizaciones.

(Texto y fotos: Redacción / POR ESTO!)

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